El gobierno de Ourense carga contra los jueces ante otra inminente imputación

El juez de instrucción “no está actuando correctamente”, el fiscal jefe se ha instalado en la “desidia” y tres magistrados del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) “no tienen un aura que les protege del delito”. El gobierno socialista de Ourense, ante otra inminente imputación de la Junta de Gobierno de la anterior legislatura por legalizar una urbanización con orden de derribo y pagar una indemnización de 358.000 euros de forma presuntamente irregular, arremete contra jueces y fiscales que permanecen impasibles, dice, ante una “concertación [de querellas injustificadas] contra este centro de poder”. De hecho, exige al juez que “no permita” que se le imputen “delitos inexistentes con la única finalidad de mantener abiertas diligencias hasta las elecciones”.

Hace unos días, el titular del juzgado de instrucción número 1 de Ourense, Leonardo Álvarez, reclamó al Ayuntamiento la identificación formal de los ediles de la Junta de Gobierno bipartita de 2007. Es el paso previo a una imputación que, según fuentes judiciales, podría derivar en la apertura de juicio, poniendo fin a una investigación iniciada hace un año. En este caso ya están imputados la edil de Urbanismo, Áurea Soto, y su abogado, Carlos Hernández, contratado de forma habitual para asesorar al gobierno local. Y ayer, en el salón de plenos, arremetieron juntos contra casi todos los estamentos judiciales, tras reclamar el archivo de la instrucción mediante un escrito.

“Los jueces no tienen un aura que les protege de delinquir”, afirmaron, tras cuestionar la investigación del juez de instrucción. “No está actuando de forma correcta y va a tener muy difícil explicar cómo está instruyendo”, aseveró el abogado junto a la concejala. Ambos acusan al fiscal jefe de Ourense de no hacer nada “por desidia y burocracia”. “Debería haberse tomado más en serio esta sobreactuación contra el gobierno tras el ataque desmesurado contra esta institución”, afirman. “El fiscal debería ser el primer interesado en seguir la causa y no está en ninguna”, insistió Hernández. El letrado y la edil defienden que la inejecución del derribo de la urbanización acordada por el TSXG avaló el proceder del Ayuntamiento. Y si la Junta de Gobierno es encausada, solicitan la “obligada imputación de los tres magistrados” del Superior que determinaron la inejecución. “Los únicos que prevarican no son los políticos”, insisten.

Aquella junta legalizó, en pleno centro de la ciudad, una gran promoción de viviendas y un párking con sentencia firme de derribo del Supremo y otorgó una indemnización de 358.000 euros a una vecina de la zona que había denunciado ilegalidades en la urbanización. El gobierno municipal defiende que actuó así “por el interés general” y la acusación asegura que “compró” a la vecina. Tras recibir el dinero, cuya entrega se fundamentó en un informe elaborado por el abogado imputado y no por los técnicos municipales, la mujer retiró la denuncia. El proceder de la Junta de Gobierno fue llevado a los tribunales por Democracia Ourensana, un partido de la oposición.

El PP califica lo sucedido en el salón de plenos de “infame y abominable” y la acusación particular tacha el proceder de “nauseabundo ataque a la independencia del poder judicial”. Y es que no es la primera vez que el gobierno socialista, por boca de Áurea Soto, arremete contra la justicia. Hace exactamente un año, la edil y teniente de alcalde acusó a los jueces ourensanos de “quebrar el Estado de derecho e intentar engañar y confundir el investigar con el condenar”. Aquellas duras palabras provocaron que la Junta Sectorial de Jueces, por primera vez, emitiese un comunicado denunciando un “ataque a la independencia judicial”.