Un sector de las cooperativas critica que la nueva ley desvirtúa el modelo

El proyecto de Ley de Cooperativas ha supuesto una sacudida para el sector. El esperado texto ha dividido a las cooperativas entre partidarios que aplauden el texto --sobre todo porque facilita la entrada de financiación externa--, y contrarios que consideran que desvirtúa la base participativa y mercantiliza este modelo empresarial.

En el lado de los críticos, la postura más radical es la que mantienen quienes recogen firmas para pedir la retirada del borrador. Cuentan con el apoyo de destacados actores del sector, como la Xarxa d’Economia Solidaria (XES) o Coop57. En el lado opuesto figura el “apoyo total” al proyecto por parte del Grupo Clade, que agrupa gigantes del cooperativismo como La Fageda, Suara, Grup Cultura 03 o Abacus.

En medio está la Federación de Cooperativas de Trabajo, que les representa a todos: 3.105 organizaciones que emplean a 39.149 trabajadores. La Federación se muestra crítica con la nueva ley, pero antes que pedir su retirada apuesta por negociar a través de los grupos parlamentarios para conseguir que durante el trámite en la Cámara recoja sus aportaciones.

El presidente de la Federación, Perfecto Alonso, recuerda que la organización ya exigió la retirada de un primer proyecto y lo pagaron con cuatro años de espera para un nuevo texto. Alonso hace autocrítica: “el ‘no’ del mundo cooperativo fue pobre, no fuimos capaces de escribir un texto alternativo”. Ahora, dice, “nos sumamos al malestar, no estamos contentos, pero la Federación representa también a sectores que apoyan la ley al 100%”.

La Federación cuestiona aspectos como que la ley rebaje de tres a dos los socios necesarios para crear una cooperativa y pide que regule mejor la implicación de los socios colaboradores (los que aportan capital) en la organización. “Deben tener derecho a voto, socios que se impliquen. Si no, estamos ante alguien que se limita a conceder crédito sin conciencia”, subraya Alonso. “Cuando se da más importancia al capital que a la persona sí se desvirtúa el modelo, queremos capital con conciencia, no especulativo”, añade.

Tampoco está de acuerdo la Federación con la figura del administrador único que contempla el proyecto, frente a la cultura empresarial cooperativa, que se basa en la implicación de los socios y en órganos de decisión colectiva. También alerta de la “ambigüedad” en la elección de los miembros del Consejo Rector o cómo éste puede sancionar las faltas cometidas por socios. O de que la admisión de capital pueda no ser votada “inexcusablemente” en la asamblea.

Sobre los excedentes que generan las cooperativas, la Federación defiende mantener la dotación de los fondos de reserva obligatoria, que ahora es del 30% y la ley prevé que pueda caer al 15%. Tampoco acepta la posible reducción del 10% al 5% los fondos para educación de los cooperativistas y promoción del modelo.

El director general de Economía Social y Cooperativa de la Generalitat, Xavier López, defiende un texto que, a su juicio, “manteniendo los principios básicos, permite que cada cooperativa pueda adaptarse a sus necesidades, que se basa en la voluntariedad y que es integrador”. “Las cooperativas son empresas que distribuyen los beneficios de acuerdo con el esfuerzo de cada uno, y este principio se mantiene escrupulosamente”, afirma y subraya “que no están aisladas y deben poder competir con el resto, queremos que el modelo tenga más peso en el PIB porque en el mundo que vienen tienen mucho que decir”. López insiste en la opción que cada cooperativa podrá decidir: “Hay cuestiones que pueden gustar más o menos, pero son voluntarias”.

“Abre puertas que las cooperativas decidirán si cruzan o no”

Ramon Roig dirige Grup Clade, una cooperativa de segundo grado que agrupa a grandes organizaciones que han apostado por el crecimiento. El grupo publicó un manifiesto donde muestra su “apoyo total” a un proyecto de ley que entienden que “da herramientas” a cooperativas que actualmente pueden verse abocadas a adoptar otras fórmulas jurídicas ante la imposibilidad de hacerlo bajo las actuales reglas si, por ejemplo, quieren acometer grandes inversiones. Roig argumenta a favor del nuevo texto que “no impone un modelo de cooperativa, sino que abre puertas que hasta ahora no permitía, unas puertas que las organizaciones pueden decidir atravesar o quedarse cómo están”. Sobre la polémica figura del socio inversor, responde que “tendrá el límite del 49% de los votos de la asamblea”, y sobre el administrador único subraya que “el texto no lo impone, prevé que la asamblea lo vote si le parece adecuado”. Igual con el fondo de reserva: “Rebaja los mínimos pero si la asamblea lo decide, puede seguir igual o con porcentajes superiores”.

“Hay aspectos que alteran el concepto”

Coop57 es una de las cooperativas de referencia que, también a través de una declaración, se opone al proyecto de Ley de Cooperativas, y forma parte de la plataforma que pide su retirada. El coordinador adjunto, Raimon Gassiot pone el acento en los “aspectos que alteran el concepto de cooperativa y tienden a asemejarse más a las empresas mercantiles”. “Son cuestiones muy concretas que afectan a aspectos muy sensibles del modelo cooperativo”, resume. Se refiere, por ejemplo, a cómo el proyecto define las cooperativas y habla del socio: “Puede parecer semántico, pero en vez de poner el acento en la satisfacción de necesidades de los socios, lo pone en la oferta de bienes y servicios, confunde el medio de la cooperativa con su finalidad”. También preocupa mucho en Coop57 “que la ley reduzca a la mínima expresión y que sean repartibles los fondos de reserva”. Gassiot cree que, aunque las novedades no son obligatorias, “marcarán la norma”. “Quien no lo haga será la excepción, estoy convencido de que será la norma para las cooperativas de nueva constitución”, dice y zanja: “Hubiera sido mejor fijar la norma y abrirla a excepciones”.