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La juez amplía las pesquisas sobre el fondo de los ERE

Alaya pide información a la Junta de las ayudas concedidas en 2011 y 2012

Alaya a su llegada a los juzgados de Sevilla. Ampliar foto
Alaya a su llegada a los juzgados de Sevilla.

La juez Mercedes Alaya ha ampliado su investigación del caso ERE para centrarse en todas las ayudas sociolaborales que concedió la Junta de Andalucía en 2011 y 2012, y sumarlas a las subvenciones de los 12 años que hasta ahora estudiaba (1999-2010). La magistrada da un paso más en la macrocausa, que acumula ya 201 imputados y concede dos días al Gobierno autónomo para que le remita las resoluciones para conceder estas ayudas y las fechas de pago.

Desde que inició sus pesquisas hace tres años y medio, Alaya ha abierto múltiples vías de investigación, que ya atañen a todas las consejerías andaluzas. En 2012 ya puso el foco sobre las ayudas más recientes del Gobierno andaluz. Pero ayer abundó en esta vía y reclamó todos los expedientes de una época en la que al frente de la Junta estaba José Antonio Griñán y la actual presidenta, Susana Díaz, era consejera de Presidencia. El PP incidió ayer en este hecho. “La investigación está cada vez más cerca de Susana Díaz”, dijo el portavoz del PP en el Parlamento andaluz, Carlos Rojas. El PSOE pidió de nuevo “celeridad” a Alaya.

La Junta andaluza sigue pagando prejubilaciones a unos 6.000 extrabajadores en virtud de un decreto de finales de 2012 que ordenó los abonos. Antes, en 2010, el Gobierno autónomo había variado la fórmula de concesión y pago de las ayudas, que la Cámara de Cuentas andaluza consideró que “regularizaba” el sistema empleado hasta entonces. Sin embargo, Alaya estima que dichos cambios fueron insuficientes, de ahí el auto de ayer.

Además de avanzar la revisión de las resoluciones, la magistrada imputó al ex secretario general de Hacienda entre 2004 y 2009, José de Haro, por su “activa participación en el uso inadecuado de la partida presupuestaria de las transferencias de financiación”, el sistema de pago de los ERE que la juez ve ilegal.

Alaya supone que el ex alto cargo fue conocedor del “falseamiento del presupuesto necesario en la agencia Idea [pagadora de los ERE]”, que generó “gastos inexistentes”. Después de 2009, De Haro, como viceconsejero de Hacienda, contribuyó a que “todo siguiera como en años anteriores”, según la magistrada. Fuentes de la Junta subrayan que el cambio legislativo de 2010 ha supuesto que las ayudas se están dando con un “procedimiento reglado y con controles previos”.

La imputación de De Haro abunda en la batalla que mantienen Alaya y la Junta respecto al fondo de 721 millones que subvencionó durante una década el pago de los ERE, y que ha supuesto la imputación de 33 excargos de la Junta. El matiz de ayer supone que la instructora quiere examinar todas las ayudas concedidas bajo la presidencia de Griñán y desconfía del cambio normativo de la Junta en 2010. Y lo hace tras anunciar que el fin de la investigación de la rama político-financiera en la que ha señalado a Griñán y otros seis cargos aforados, y que enviará al Tribunal Supremo, se producirá “en un breve plazo”.

201 imputados y al alza

La imputación del ex secretario general de Hacienda José de Haro supone que la cifra de imputados del caso ERE se eleve a 201. Es una suma que se amplía cada mes a medida que la juez añade más años, consejerías y responsables políticos en la investigación del fondo de los ERE, pero también de otras ayudas vinculadas a dicha partida. Desde las primeras imputaciones de intrusos (personas ajenas a las empresas beneficiadas), políticos, sindicalistas y empresarios, la juez ha escalado en la pirámide de responsabilidad por el diseño del fondo. De este modo ha incluido a siete cargos aforados, entre ellos los expresidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves y cinco exconsejeros.

Hay cargos como el exdirector de Trabajo Javier Guerrero que deben declarar por cada una de los cientos de ayudas que concedieron. Y Guerrero acude hoy por los pagos a Altadis y Anovo Comlink. Sobre las subvenciones para esta última empresa, la juez explica de manera gráfica su supuesta irregularidad: “Provocarían un sangrado continuo de los fondos públicos a favor de Anovo”.

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