El sexto hijo de Ruiz-Mateos imputado en el ‘caso ERE’ se niega a declarar

La comparecencia de Alfonso Ruiz-Mateos, el sexto hijo del empresario andaluz imputado en el caso de los ERE, ante la juez Mercedes Alaya ha sido diferente de la de sus hermanos. Por dos motivos: se ha acogido a su derecho a no declarar y ninguna de las acusaciones ha pedido para él medidas cautelares. La magistrada ha imputado a Alfonso Ruiz-Mateos por los delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias. También estaba citado el anterior secretario general de UGT Francisco Fernández Sevilla, quien no ha acudido, según fuentes judiciales, porque no recibió la notificación.

A diferencia de sus hermanos, Alfonso Ruiz-Mateos ha guardado silencio ante Alaya, aunque ha señalado que declarará una vez que esté toda la documentación. En sus declaraciones, los otros hijos de Ruiz-Mateos descargaron todas las responsabilidades sobre el patriarca (también imputado en la causa). Alfonso Ruiz-Mateos está acusado por su participación en el ERE de Dhul y en las ayudas recibidas por tres bodegas jerezanas vinculadas al grupo.

Ruiz-Mateos ha abierto la segunda jornada de la nueva ronda de declaraciones abierta por Alaya. Junto a él, estaba citado el exlíder de UGT Francisco Fernández Sevilla por su papel en el ERE de la empresa Altadis. Según fuentes judiciales, Fernández Sevilla no ha acudido a declarar porque no recibió la citación, al igual que su compañera de sindicato Blanca Uruñuela.

Según el auto de imputación de Fernández Sevilla, y a tenor de un informe de la Intervención General del Estado, en el expediente de la tabacalera hubo al menos 15 irregularidades —“aplicables a todos los expedientes objeto de la presente instrucción”— que supusieron un “cheque en blanco contra los fondos andaluces”. La juez Alaya señala que del inicial compromiso de la Junta de abonar 26 millones de euros “se llegaría a los 34,4 millones”.

Quienes sí han comparecido han sido Álvaro Mollinedo, responsable de Relaciones Laborales de la Delegación de Andalucía de FCC-Medio Ambiente, para quien la fiscalía pidió una fianza de 743.000; y Juana Mancilla, señalada por la juez como una de las personas “que participarían activamente en facilitar los pagos realizados por la Dirección General de Trabajo a las empresas”, para quien Anticorrupción pidió 170.000 euros.