El juicio contra 18 neonazis arranca con insultos a cámaras de televisión

Nueve años después de que la Guardia Civil desarticulara en Valencia la organización neonazi Frente Antisistema, arrancó este lunes el juicio. Hay 18 procesados por tenencia ilícita de armas prohibidas y por asociación ilícita. Pero sólo 15 se sentaron en el banquillo de la Audiencia provincial, entre ellos, Pedro Cuevas, condenado a 14 años de prisión (salió a los cuatro por buena conducta) por ser el asesino confeso en 1993 del joven nacionalista y antifascista Guillem Agulló. El tribunal entendió que fue una pelea juvenil sin implicación política.

Dos de los ausentes están declarados en rebeldía y un tercero está internado en un psiquiátrico. Para todos ellos el fiscal pide un total de más de 42 años de cárcel en uno de los juicios más importantes que se ha celebrado en España contra una organización nazi, tanto por el elevado número de procesados como por el arsenal requisado. La Guardia Civil se incautó de un lanzagranadas, escopetas de cañones recortados, varios revólveres, bolígrafos pistola, puños americanos o hachas de doble filo, además de esvásticas y documentación y propaganda nacionalsocialista.

La tensión se dejó notar al inicio de la vista. Cuando los cámaras de televisión estaban unos segundos grabando en la sala a los procesados, que se tapaban el rostro a excepción del concejal de Silla por España 2000 José Alejandro Serrador, alguno de ellos supuso que un cámara intentaba sacar imágenes de sus caras a ras de suelo. Entonces, y una vez ya no se grababa, prorrumpieron en insultos como “hijos de perra”, “escoria” o “hijos de puta”. El presidente del tribunal les hizo callar y pidió calma. No hubo más incidentes. Entre el público, el conocido abogado ultra José Luis Roberto, familiares y amigos, algunos vestidos de negro, con el pelo rapado y musculosos.

El tribunal rechazó la petición de las defensas de anular las escuchas policiales que posibilitaron la investigación de la denominada Operación Pánzer. Hay indicios suficientes para darles validez hasta que se dicte sentencia, añadió.

El tribunal también se opuso a la solicitud de aplazar la vista porque sólo ha contado con nueve días para prepararla formulada por la acusación popular, integrada por Movimiento contra la Intolerancia, Acció Cultural del País Valencià, Ca Revolta, CEAR-PV, Jarit, EUPV, Bloc i ERPV. Y no estimó la ampliación de pruebas.

La acusación leyó algunas transcripciones de las conversaciones grabadas en las que se evidencia la adscripción ultraderechista y nazi de los procesados, la tenencia de armas y la manifestación de odio sexual, racial o ideológico, según manifestó.

El Frente Antisistema perseguía el adoctrinamiento y proselitismo de la ideología nacional socialista, con difusión de informaciones que justificaban y promovían el uso de la violencia contra grupos raciales, nacionales o ideológicos, según el relato provisional de las acusaciones.

Las defensas sostuvieron, precisamente, que los acusados son objeto de una persecución política e ideológica por profesar unas ideas. Se juzgan acciones, dijo un letrado, “prácticamente de pensamiento”. Además, las defensas incidieron se habían producido irregularidades e ilegalidades en las detenciones y en los registros a los domicilios particulares de los acusados, donde se incautaron de numeroso material. Si hoy el tribunal estima estas peticiones, se podrían invalidar algunas de las pruebas. La acusación popular presentará un escrito con doctrina consolidada para rebatir los argumentos de la defensa.

Lo que no se trató en el primer día del juicio fue la destrucción de una parte de las armas de fuego requisadas por parte de la Guardia Civil a la red neonazi y que se descubrió cuando el fiscal pidió una muestra de ellas. Según fuentes jurídicas, esta desaparición no comportará consecuencias jurídicas porque las pruebas están fotografiadas y documentadas pericialmente, y por tanto son válidas. En cualquier caso, el eurodiputado de Compromís, Jordi Sebastià, denunció ayer en la Eurocámara la destrucción de pruebas de la Operación Pánzer y reclamó un frente común contra el auge del fascismo. Diputados de esta coalición y de EU han preguntado al Gobierno por la destrucción de pruebas.