Hacienda obliga a devolver 10 millones a la Diputación de Ourense por fraude

Cuando el presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, sucedió a su padre, José Luis Baltar, en la política, lo heredó todo. También las deudas. Y dos años después, tropieza con la primera. La institución provincial deberá devolver inmediatamente a la UE 10 millones de euros por un fraude de ayudas en dos proyectos que, en el momento álgido del mandato del exbarón ahora jubilado, sirvieron para sembrar la provincia de depuradoras rurales. Una década después, buena parte del centenar de las máquinas instaladas permanecen inútiles en medio de bosques porque su mantenimiento es inviable para pequeños Ayuntamientos que no pueden asumir, ni siquiera, el coste de mantenerlas enchufadas a la red eléctrica. Para la UE y el Gobierno central, la Diputación amañó aquel concurso con el único fin de entregar el dinero a dedo a una empresa.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el órgano encargado de gestionar las ayudas europeas, ha desestimado los recursos planteados por la Diputación tras una investigación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) que destapó “actos de fraude, corrupción u otros actos ilegales que afectan a los intereses financieros de la Unión Europea”. Las conclusiones del ministerio de Cristóbal Montoro confirman las sospechas de Bruselas y propinan un sonoro bofetón a la gestión del clan Baltar, instalado en la Diputación desde hace un cuarto de siglo.

La resolución de Hacienda, firmada por un director general que depende directamente de la secretaria de Estado de Presupuestos, la exconselleira de la Xunta, Marta Fernández Currás, detalla 15 irregularidades sobre el proceder administrativo, cuestiones técnicas de las máquinas, costes o decisiones políticas sin justificación. De hecho, Hacienda cree que la adjudicación se amañó mediante “requisitos no indispensables y, por tanto, innecesarios que se correspondían con un determinado modelo de máquina que fue presentado por la empresa adjudicataria” que “tuvo por efecto la restricción de la competencia”. Pero para la Diputación no hay nada. Considera esas conclusiones “desmesuradas y carentes de fundamento” y asegura que la acción administrativa que permite el reintegro ha prescrito.

El actual presidente de la institución e hijo del exbarón no está de acuerdo con la decisión y ya anuncia un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). El recurso ante el alto tribunal de Madrid no eximirá a Baltar del pago inmediato del dinero defraudado y por eso iniciará una negociación para intentar fraccionarlo. Según los cálculos que ofreció a los medios, deberá ingresar cuatro millones ya que el Estado adeuda seis al organismo provincial y esta última cantidad quedaría amortizada. Si la justicia acuerda la suspensión cautelar del reintegro antes de resolver el recurso, esos fondos volverán a las arcas provinciales con intereses. Baltar también matizó que el reembolso podría retrasar algún proyecto, aunque la previsión incluida en los presupuestos permitirá afrontar el pago “sin problema o recortes”.

De las responsabilidades políticas nada se sabe. A la espera del pronunciamiento definitivo de los tribunales, Baltar hijo despeja los balones que apuntan a su progenitor y también al delegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, entonces vicepresidente del organismo. Cuando la investigación de la OLAF trascendió más allá de los muros del Pazo Provincial, el presidente ourensano anunció que exigiría responsabilidades políticas y penales a la oposición por acusar sin pruebas. Ahora rebaja la resolución firme a “un paso más de un proceder administrativo” en el que debe “actuar con normalidad y garantizar la estabilidad para hacer valer” su “posición”.