Los interinos piden aplicar la sentencia que anula su reducción de salario

El sindicato de interinos de la Generalitat valenciana (Igeva) ha solicitado una reunión urgente con el consejero de Hacienda, Juan Carlos Moragues, para acordar la forma en que ha de aplicar la sentencia del TSJCV, que anula la reducción de jornada y de sueldo del Decreto Ley 1/2012, denominado "decreto Vela".

El responsable de este sindicado, Alfonso Puncel, ha reconocido que es complicado determinar cuál ha sido la cantidad dejada de percibir por los trabajadores, si bien ha explicado que el "decreto Vela" afectó a 1.800 interinos y estima que la reducción se salarios pudo suponer entre 20 y 30 millones de euros.

Ayer, el consejero Moragues recordó que el 23 de octubre de 2013 alcanzó un acuerdo con los sindicatos para revertir medidas de recorte del citado decreto a los empleados públicos, algunas de ellas de forma progresiva, y de hecho el Gobierno valenciano, dijo, "está pagando el 100 % a los interinos".

En un comunicado, este sindicato ha opinado que "Moragues se está encontrando con las consecuencias de la pésima gestión del anterior conseller pero, de no aplicar de forma clara e inmediata la sentencia, será corresponsable de aquella mala gestión".

"Vela fue advertido reiteradamente de la ilegalidad de aquel decreto, en el punto de la reducción de jornada y salario entre otros aspectos y el actual consejero no puede profundizar en esta ilegalidad", han añadido.

El sindicato de interinos advierte de la "insensatez" que a su juicio supone "alargar la situación" y presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, "puesto que la sentencia menciona claramente que se vulneran derechos fundamentales y una directiva europea, por lo que lo único que lograría es poner impedimentos a la aplicación de la ley, alargar en el tiempo la ejecución de la sentencia y profundizar en la ilegalidad".

"Hacemos responsables junto al anterior consejero de esta ilegalidad a los cargos directivos que avalaron esta insensatez y pedimos su inmediata dimisión o destitución, entre ellos el actual secretario autonómico de Administraciones Públicas, la directora general de Recursos Humanos, subdirector general y los jefes de servicio que avalaron técnicamente este decreto ley", reclaman.

Igualmente, señalan a instituciones como el Consejo Jurídico Consultivo "que no apreció ninguna ilegalidad, cuando su función es velar por que se cumpla la ley en las normas que aprueba el Consell, por lo que pedimos la renovación inmediata de los consejeros que avalaron con sus informes tal medida".

"Estas personas no pueden seguir un minuto más en sus puestos pues son tan responsables como el que firmó el decreto ley que el TSJCV ha anulado por ilegal", han afirmado los representantes sindicales.

Por último, han reclamado la rectificación del borrador de carrera profesional "que persiste, en su redacción actual, en la vulneración de los derechos fundamentales al tratar de forma discriminatoria al personal interino" y advierten sobre nuevas medidas legales.