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La fiscalía mantiene las penas por blanqueo a Marcial Dorado y su familia

Solo rebaja al mínimo las condenas para los arrepentidos, un exguardia civil y su mujer, presuntos testaferros del contrabandista

Marcial Dorado se revolvió ayer en su asiento al escuchar a la fiscal de la Audiencia Nacional no cambiar un ápice su escrito de calificación definitivo y mantener la condena de 15 años y 40 millones de multa que había solicitado para él por blanqueo continuado, pertenencia a organización criminal, violación de secretos y delito fiscal.

Sobre todo, Dorado no pudo ocultar su indignación cuando la representante del Ministerio Público, Cristina Toro, también mantuvo las condenas de seis años de cárcel para sus tres hijos y su actual mujer, acusados de ser sus testaferros y beneficiarios de décimos de lotería premiada por valor de 433.000 euros en diciembre de 1999. La defensa había aportado documentos bancarios al comienzo del juicio para probar que los décimos no fueron adquiridos a terceros pero la fiscal llegó a decir que podían ser falsos.

Tampoco Toro modificó su calificación para 13 de los acusados, entre los que se encontraban la pareja de abogados Rosa María Stampa y Félix Pancorbo, así como economistas, auditores y el aduanero Eugenio Fontenla Vázquez, al que se le imputa un delito de revelación de secretos.

La fiscal solo rebajó la condena a menos de dos años, por lo que no ingresarán en prisión, para el exguardia civil José Manuel Sánchez Zabala y su mujer Sara Sánchez, los dos arrepentidos en este proceso, que reconocieron todos los cargos y admitieron las acusaciones contra el resto de los procesados. Zabala estaba acusado de denuncia falsa y falsificación de documentos confidenciales, además de blanqueo junto a su mujer que se enfrentaba a otro de delito fiscal y multas que sumaban más de 40 millones de euros.

El juicio que en principio iba a finalizar en mayo todavía no ha quedado visto para sentencia y aún continuará la semana próxima con la calificación de las defensas. Una vista oral con más de 50 testigos y un acusado, el coronel Juan Miguel Castañeda, que será juzgado aparte al encontrarse hospitalizado por una grave enfermedad, y que según fuentes judiciales, podría seguir la misma línea de los dos arrepentidos y reconocer los cargos. El coronel está acusado de revelación de secretos, falsedad documental y de urdir un complot para desacreditar al juez instructor Vázquez Taín.

Los numerosos testigos, documentos oficiales o intervenciones telefónicas que se escucharon en la Sala para intentar desmontar las acusaciones no lograron convencer a la fiscal, quien reiteró que todo el patrimonio intervenido a Dorado procede del narcotráfico y no del contrabando de tabaco.

Banqueros y auditores suizos, incluso el que fuera delegado de la Reynolds en Europa, declararon que Dorado se dedicaba a adquirir tabaco a la multinacional americana para venderlo de forma legal en España. Afirmaron que trabajó como importador de tabaco desde 1978 cuando no era delito en España y como apoderado de un holding de inversiones suizo que le proporcionó enormes ganancias.

Algunos abogados hicieron constar su protesta contra la fiscal por incluir en su escrito de calificación cuestiones que no fueron abordadas en el juicio y alegaron indefensión ante el tribunal. Además, consideraron una falta de respeto que Cristina Toro no asista a las últimas jornadas del juicio para escuchar los alegatos de las defensas.