Siete sentencias obligan ya al Consell a entregar sus encuestas de opinión

Esquerra Unida gana otros dos casos sin que la Generalitat haya publicado los estudios

El vicepresidente José Ciscar, en las Cortes Valencianas.
El vicepresidente José Ciscar, en las Cortes Valencianas.jose jordán

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) ha vuelto a condenar la opacidad del Consell. El nuevo fallo recuerda en los fundamentos de derecho que ya resolvió la cuestión en mayo, cuando emitió la primera de una serie de sentencias que obligan al Consell a entregar al diputado de EUPV Ignacio Blanco los estudios de opinión que realiza la Generalitat. Con las dos últimas sentencias que hizo públicas ayer la coalición, son ya seis los fallos del TSJ que condenan al Gobierno de Alberto Fabra por vulnerar los derechos del diputado al no facilitarle esos estudios de opinión.

Como destacó Ignacio Blanco, solo queda por resolver uno de los siete recursos que presentó referidos a los cuestionarios, la asistencia técnica y los informes de los estudios trimestrales de opinión pública en el ámbito de la Comunidad Valenciana desde el año 2004 que el vicepresidente del Consell, José Ciscar, le denegó. El argumento de la Generalitat, de que se trata de documentación “de carácter auxiliar para la evaluación y definición de políticas públicas, y no aborda cuestiones relacionadas con la intención de voto ni con las valoraciones personales de los líderes políticos”, ha sido reiteradamente rechazado por el TSJ.

Ciscar ha recurrido solo un fallo sobre los sondeos ganado por Compromís

“Cada sentencia demuestra fehacientemente que la transparencia del Consell de Fabra es una auténtica falacia”, sostiene el diputado, que espera que “cumpla con lo que dicta la justicia” y le entregue lo que ha pedido. A la media docena de sentencias ganadas por EUPV hay que sumar otra sobre el mismo asunto que ganó Compromís y que la Generalitat recurrió en casación ante el Supremo, sin que se haya resuelto todavía. Con ello, ya son siete los fallos condenatorios que acumula el Consell. Un portavoz del departamento de Ciscar explicó que no se ha recurrido ninguna de las sentencias ganadas por EUPV. “No se van a recurrir si no hay motivos jurídicos para hacerlo”, aunque advirtió que “todavía hay plazo”.

El mismo vicepresidente Ciscar dio a conocer, por primera vez, el pasado 15 de mayo, los resultados del barómetro de opinión del mes de abril, que no incluía encuesta electoral pero sí preguntas sobre la reforma del Estatut, la financiación autonómica o el cierre de RTVV. Ciscar anunció en las Cortes Valencianas en febrero que los estudios de opinión se publicarían en el portal de transparencia de la Generalitat. A estas alturas, en el portal solo es accesible el barómetro que él hizo público. Su departamento indicó que, cuando las sentencias sean firmes, todavía habrá dos meses para ejecutarlas. Colgar la información en la web no sería suficiente y habría que entregar la documentación al diputado.

Un millón y medio de euros en sondeos desde 2004

A. B.

La documentación que el Consell deniega al diputado Ignacio Blanco, de Esquerra Unida, y que las reiteradas sentencias del Tribunal Superior de Justicia obligan a que le sea entregada abarca todos los expedientes de “estudios trimestrales de opinión pública en el ámbito de la Comunidad Valenciana” desde 2004. Cuatro empresas demoscópicas han prestado ese servicio desde entonces y el coste de los contratos, con sus prórrogas, se acerca, incluyendo el IVA, al millón y medio de euros (según el cálculo de Blanco, 1.463.267 euros).

Si en 2004 y 2005, con prórroga en 2006, fue la empresa Sigma Dos la encargada de esos estudios de opinión; en 2007, con prórroga en 2008, la encargada fue KMC Asesores. A su vez, Simple Lógica Investigación fue la adjudicataria del contrato en 2009 y 2010, con prórroga en 2011 y 2012. La adjudicación en 2013 correspondió a CFK-Emer-Ad Hoc Research, cuyo contrato se prorrogó para 2014.

La oposición ha reclamado muchas veces que se den a conocer esos estudios de opinión y se niega a creer que no hayan incluido o incluyan encuestas sobre intención de voto. Las exigencias de transparencia y el argumento de que en otras comunidades autónomas y en el ámbito estatal se hacen públicos este tipo de estudios solo han servido hasta ahora para que el vicepresidente Ciscar diera a concoer datos del barómetro de abril hace menos de dos meses.

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