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La incertidumbre se asienta a dos meses del aterrizaje de la ley Wert

EH Bildu y PSE piden explicaciones al Gobierno sobre sus negociaciones

A dos meses vista de que Euskadi, al igual que el resto de comunidades, empiece a implantar la reforma educativa conocida como ley Wert, los partidos y los agentes educativos han redoblado sus preocupaciones sobre lo que depara al País Vasco con la nueva legislación. EH Bildu y PSE alegan desinformación sobre las negociaciones del Gobierno vasco y el central para la aplicación de la LOMCE en Euskadi como argumento para reclamar que la consejera de Educación, Cristina Uriarte, dé explicaciones con carácter de urgencia en el Parlamento.

“Con la distribución de contenidos y horarios que establecen no queda margen. Lo mismo pasa con las evaluaciones, que establecen cómo tienen que ser y no dejan ningún resquicio, con lo que acaban condicionando el currículum”. Es lo último que se ha escuchado sobre esta cuestión a la consejera, que resalta que “no hay avances” en el intento de acordar con Madrid cambios para el sistema educativo vasco.

El Gobierno se ha movido entre la crítica a la ley, sus intentos de esquivarla y los mensajes favorables a la negociación. Pero siempre se ha mostrado alejado de la palabra insumisión, que le reclaman agentes educativos y algunos partidos como EH Bildu. La legislatura comenzó templando el discurso y apostando por la negociación con un ministro que pronto dejó claro que no habría trato diferenciado para Euskadi.

Este cambió después de que el lehendakari, Iñigo Urkullu, realizara una contundente crítica en el Parlamento, en un discurso en el que dijo que se aboca a Euskadi coloca a Euskadi al “pelotón de los más torpes de Europa” y apostó por “esquivar” los efectos negativos. A las puertas de que Euskadi se dé de bruces contra la legislación básica, la consejera reconoce “pequeñas adaptaciones de tipo administrativo”. Son una evaluación interna en tercero de Primaria —ahora se hacen en cuarto de esa etapa y en segundo de Secundaria—, la sustitución de Educación para la Ciudadanía en los centros que lo imparten en quinto de Primaria por otra de valores cívicos y la división a final de curso de ciencias en dos, en las actas.

El lehendakari apostó en 2013 por “esquivar” los efectos negativos

Hasta ahora, las salvedades en la aplicación de la ley han sido dos. La primera, el acuerdo que se logró con Madrid para no tener que pagar por la educación privada de alumnos que quisieran estudiar en castellano y que no tuvieran esa oferta en los centros públicos cercanos —se acordó una interpretación de la normativa con la que se entiende que el modelo B cuenta con las horas suficientes de castellano, lo que en la práctica blinda a Euskadi de tener que pagar centros privados ya que el modelo B está más extendido que el A, que no se imparte en todos los colegios—.

La segunda, la normativa vasca para paliar algunas de las medidas de la nueva FP básica. La propia LOMCE y el real decreto de Primaria están en la vía judicial. Y, mientras el ministerio elabora los reales decretos de Secundaria y Bachillerato, Euskadi sigue actualizando sus decretos curriculares con la intención, entre otras, de limar algunos efectos de la LOMCE.

Sobre la financiación, los 49 millones que Euskadi recibirá son una cantidad “razonablemente aceptable para mantener una oferta de FP de calidad”, según puso en valor la consejera el pasado lunes. Buena parte de ese dinero, que llegará entre 2014 y 2017, se destinará a la FP Básica. El resto, 17 millones, se destinarán a Secundaria. Las dudas se centran en cómo repercutirá ese dinero en las cuentas vascas, ya que se trata de préstamos del Fondo Social Europeo que podrían incidir en el endeudamiento de las administraciones autonómicas en un momento en el que esa deuda no puede dispararse por las obligaciones de estabilidad presupuestaria.

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