Feijóo deja en manos de sus cargos dimitir si son imputados

El presidente de la Xunta y del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, fue incapaz ayer de fijar un criterio común y uniforme para todos los cargos públicos de su partido que resultan imputados. Preguntado por las diferentes consecuencias políticas que están teniendo las causas judiciales abiertas en toda Galicia contra miembros de su formación, Feijóo se limitó a ofrecer un criterio para los diputados autonómicos, apenas 41 de los varios miles de ediles y otros cargos no electos con que cuenta el PP en toda Galicia. Según dijo, sus diputados dimitirán cuando se abra juicio oral contra ellos, como hizo ayer María Faraldo, a la que se juzgará por dos presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental cuando era alcaldesa de Betanzos. Pero Feijóo admitió que la decisión de dimitir es “personal e intransferible”, escudándos en que las actas son de cada cargo electo, no del partido.

Faraldo indicó ayer que dimite por “tranquilidad personal, por respeto al Parlamento y para preparar la defensa”. Dice que el procesamiento ya no la coge por sorpresa pero mantiene su “inocencia” y apunta que ella “ni siquiera conocía al chico”, en referencia al hombre al que supuestamente enchufó como profesor de conservatorio, informa Lorena Bustabad.

“Estamos convencidos de que no adoptó ninguna resolución a sabiendas injusta”, dijo Feijóo de Faraldo, que a su juicio “lo que hizo fue intentar solucionar un problema en el conservatorio de Betanzos para que los niños pudieran aprender música en ese centro”. Según Feijóo, cuando fue imputada, la propia Faraldo puso su acta de diputada a disposición del partido y ahora ella misma le comunicó su decisión de dimitir. “Estoy de acuerdo con esta decisión que la honra”, valoró Feijóo, quien aseguró que “no hubo ningún planteamiento del partido, sino de seguir con la coherencia que tenemos en el PP”. El presidente pidió a continuación prudencia en la valoración de todas las investigaciones de presunta corrupción política que se están conociendo en Galicia, ya que “un sumario no es una sentencia, una investigación no es una condena”.

El propio Feijóo recordó casos anteriores en los que dos diputados, en otoño de 2011, dejaron sus actas cuando “ni siquiera hubo juicio oral”. Javier Escribano lo hizo, antes incluso de ser imputado formalmente, cuando trascendió que se le investigaba por recibir regalos de un empresario. Luego su caso sería archivado por la justicia. Pablo Cobián, al que ya investigaba el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por su condición de aforado, también dimitió imputado en la Operación Campeón, aún pendiente de juicio.

Pero ayer Feijóo no fue capaz de confirmar si la dimisión de Faraldo al abrirse su juicio oral y enfrentarse a un banquillo supondrá un precedente al que se tendrán que atener el resto de cargos del PP, sean o no diputados. Hasta el momento, el único criterio que ha fijado Feijóo para exigir una dimisión en las filas del PP gallego es el de que pesen sobre el implicado “medidas cautelares” sin definir y que él mismo cuente con “información” suficiente para decidir sobre cada caso.

Los momentos procesales en los que se han producido algunas de las últimas dimisiones de cargos populares son de lo más variado. Si Faraldo deja su acta al abrirse su juicio oral, en el Ayuntamiento de Santiago siete concejales no dimitieron hasta que resultaron condenados por prevaricación. Aún así, para Feijóo lo sucedido en Santiago “fue un ejemplo de coherencia”. En Nigrán, en noviembre, una concejala luego condenada por fraude fiscal no dimitió cuando la justicia decidió abrirle juicio oral, como hace ahora la diputada Faraldo, sino cuando ese hecho fue publicado días más tarde por los medios de comunicación y pese a que el alcalde la apoyaba. Por contra, cuando en el mismo municipio otro edil fue detenido e imputado en la Operación Patos, tuvo que ser el alcalde el que los destituyese de sus áreas de gobierno antes de que el propio concejal renunciase a su acta.

El listón inicial de las dimisiones en el PP lo puso bien alto el propio Feijóo cuando, aún candidato a la Xunta en 2009, compareció en persona para informar de la dimisión y salida de su lista electoral de Luis Carrera Pásaro, número uno por Ourense, del que se acababa de saber que había cobrado de un paraíso fiscal. “Su situación puede ser legal pero no representa la regeneración democrática que necesita Galicia”, decía entonces Feijóo cuando ninguna causa judicial pesaba sobre su compañero. El presidente ayer obvió esta variedad de comportamientos. “Intentamos mantener una coherencia en nuestras decisiones”, dijo.