La Generalitat pagará hasta 1.600 euros a las agencias privadas por colocar parados

Entre 725 y 1.600 euros por parado al que consigan trabajo por un plazo mínimo de seis meses. Es lo que el Gobierno catalán pagará a las agencias privadas de colocación de acuerdo con la orden aprobada ayer para que el Servicio Catalán de Empleo (SOC en sus siglas en catalán) comience a trabajar con empresas de intermediación.

La orden fue aprobada con el voto de los directivos del SOC, las entidades municipalistas y las patronales, pero contó con los votos negativos de los sindicatos CC OO y UGT, que consideran que encargar la intermediación a las agencias supone privatizar el servicio público. Especialmente beligerante fue UGT, que reprochó a la Generalitat “que permita hacer negocio a costa de los parados”.

En total, la Generalitat destinará a la colaboración con los privados 3,5 millones de euros procedentes de una subvención del Gobierno español. Con esta cantidad prevé atender a unas 10.000 personas. En Cataluña hay 570.214 parados registrados. Los primeros desempleados comenzarán a derivarse desde el SOC a las agencias a finales de septiembre.

Los sindicatos votaron en contra de una fórmula que consideran que supone la privatización del SOC

En función de la duración del contrato y el perfil de la persona desempleada, las agencias recibirán 725 euros, 900 o 1.600 por encontrarles empleo. Irán destinados siempre a parados con dificultades de inserción: personas de entre 30 y 45 años que lleven más de un año y medio sin trabajo, jóvenes sin formación o mayores de 45 años que lleven seis meses en paro. Del global del presupuesto se ha reservado una partida para inserción de personas discapacitadas o con enfermedades mentales, que cuentan con un alto índice de paro.

En marzo del año pasado, este diario reveló que la Generalitat planeaba pagar 600 euros por parado colocado, pero el Gobierno dio marcha atrás porque había pactado las condiciones con la patronal de las agencias de colocación ACACER de espaldas a otros agentes, como los sindicatos. El plan previsto entonces contemplaba contratos por un plazo mínimo de tres meses, que se ha prolongado a seis.

Las empresas privadas de colocación son un sector diverso del que forman parte desde las grandes Empresas de Empleo Temporal (las ETT), hasta empresas municipales de empleo o asociaciones sin ánimo de lucro, como asociaciones de padres de discapacitados o talleres ocupacionales. Ayer, la junta de ACACER celebró que “por fin” puedan comenzar a colaborar con el SOC. “Llevamos cuatro años esperando”, recordó su presidente, Angel Buxó, en referencia al tiempo que ha pasado desde que se acreditaron para colaborar con los servicios públicos de empleo durante el gobierno socialista de José Luís Rodríguez Zapatero. Buxó también destacó que la mayoría de empresas de la asociación son “consultoras, entidades del mundo local y del tercer sector” y reivindicó su papel: “Ya estamos gestionando inserciones cada día”.

El Gobierno catalán entiende los acuerdos que está a punto de comenzar a firmar como “un complemento a la intermediación que se seguirá haciendo desde las oficinas del SOC”. Además, deja claro que las empresas privadas de colocación, que pasaron un proceso de homologación, “están y estarán sometidas al control e inspección del SOC”.

La directora del servicio público, Olga Capmany, rechazaba ayer que la colaboración con los privados sea una privatización. “En algunas ocasiones será colaboración público-pública, porque derivaremos perfiles a los ayuntamientos”, apuntaba, y defendía el sistema como “la oportunidad de incrementar las oportunidades”: “Pretende conseguir una mejora de los mecanismos de intermediación laboral para fomentar las oportunidades de acceso a la ocupación por parte de los parados con dificultades de inserción”.

Respecto a la fórmula legal que se utilizará para remunerar a las agencias de colocación, al tratarse los fondos de una subvención finalista, el SOC pagará a las agencias también a través de subvenciones y no de convenios. Los convenios son la fórmula prevista en el programa marco previsto por el Gobierno central para la colaboración entre los servicios autonómicos de empleo y los privados. Un marco al que Cataluña no se sumó porque consideraba que invadía competencias autonómicas y porque discrepaba: Cataluña apuesta, recuerda la directora del SOC, Olga Campmany, “por un modelo de proximidad colaborando con las agencias locales en función del perfil de los parados, mientras que el Estatal era más genérico”.