Un juez de Benidorm ordena detener al promotor del InTempo

El promotor vasco, José Ignacio de la Serna, no se presentó a un juicio por un presunto delito de estafa tras la venta de un apartamento del InTempo, el rascacielos más alto de la Unión Europea, y una juez de Benidorm decretó su detención el pasado 10 de junio.

"El imputado José Ignacio de la Serna de la Garma no ha comparecido al llamamiento judicial que se le ha efectuado, pese a constar su citación en legal forma", advirtió la juez de Instrucción Patricia Romero, que decretó su detención y puesta a disposición del juzgado. El juicio por estafa es uno más de los que rodean a la historia de este edificio, todavía inacabado y en manos de la Sareb, el llamado banco malo.

El constructor había sido denunciado por una pareja que compró una vivienda en el rascacielos en 2007, casa que estuvieron pagando durante cinco años en cuotas trimestrales. La promotora se había comprometido por contrato a que las cantidades estaban garantizadas a través de avales bancarios.

El dinero, en lugar de acabar en un aval bancario que nunca aceptaron los bancos que participaron en esta obra -con una hipoteca de 96 millones-, acabaron sirviendo para pagar la construcción del edificio, todavía inacabado, según fuentes cercanas a la obra.

De la Serna fue imputado junto a otros dos promotores del InTempo: Isidro Boronat y el hostelero Juan Fuster. Según las mismas fuentes, solo acudió Isidro Boronat, quien fue hace tiempo expulsado Olga Urbana, de la que es accionista mayoritario De la Serna. El promotor nunca toleró que su socio intentara buscar un comprador alternativo a los que él barajaba.

El edificio InTempo vivió múltiples vicisitudes desde el inicio de su construcción. La cumbre del desastre que puede acabar convirtiéndose esta obra quizá se culminó cuando los arquitectos que diseñaron el edificio acabaron abandonandola. Olga Urbana nunca consiguió aportar pruebas de la resistencia de los pilotes, por lo que fuentes del sector aventuran que será muy costoso asegurar el edificio. Kono Estructuras, la empresa que levantó los cimientos de esta mole de hormigón, reclama el pago de un millón de euros a Olga Urbana. Los responsables de la empresa incluso llegaron a grabar un documental contando la historia del edificio.