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La acusación particular del ‘caso Rabassa’ se impacienta

El PSPV quiere imputar a Castedo y Esquerra Unida comenzar el baile de declaraciones

El caso Rabassa, una pieza del sumario del caso Brugal que investiga el supuesto pelotazo del promotor Enrique Ortiz en el barrio alicantino que da nombre al caso, lleva cerca de seis años con las diligencias paradas. Y la acusación particular, Esquerra Unida y el PSPV, se impacienta: los primeros estudian pedir la próxima semana que empiece el baile de declaraciones de la decena de acusados en el caso y los socialistas dicen que en 10 días presentarán la documentación necesaria para imputar a Sonia Castedo, la alcaldesa de Alicante.

El regreso de las escuchas del caso Brugal, de un juzgado de Orihuela a otro de Alicante, ha revuelto el ambiente político en la ciudad que dirige Sonia Castedo, como se vio el pasado lunes en un pleno municipal muy tenso en el que se pidió la recusación y dimisión de Castedo, que acabo desalojando al público asistente.

La acusación de Esquerra Unida desea comenzar ya con un caso al que solo le falta que reciba un informe policial concluyente sobre la participación de cada uno de los acusados en esta pieza, entre los que constan los nombres de la alcaldesa Castedo; el mayor contratista municipal, Enrique Ortiz; los altos cargos de la Gerencia de Urbanismo, Isabel Campos y Enrique Sanus; y hasta dos cargos del Ministerio de Fomento.

Por su parte, los socialistas, que se adhirieron a la denuncia de EU, calculan que en un plazo aproximado de 10 días presentarán el escrito para solicitar al juez Cerón la imputación de Castedo. “Hay indicios suficientes para pedir que la alcaldesa aclare ante el juez unas conversaciones con Ortiz que demuestran la connivencia existente con el empresario”, dijo Gabriel Echávarri, candidato por el PSPV al consistorio alicantino y que recordó que Castedo ya está imputada por revelar información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho.

Las diligencias del caso Rabassa llevan abiertas en el juzgado de Instrucción número 6 de Alicante desde 2008. Ni Fiscalía ni el juez Juan Carlos Cerón han dado muestras de querer comenzar a recopilar los testimonios de los acusados, si bien el magistrado a principios de junio urgió a la policía a acabar el informe.

La PIC se plantea denunciar a Ortiz

Si para algo están sirviendo las escuchas telefónicas de la policía remitidas por un juzgado de Orihuela son para aportar matices de una investigación policial que en 2008 desnudó a toda la provincia de Alicante para mostrar una trama de intereses ligados a los negocios de la basura y la construcción.

La Plataforma de Iniciativa Ciudadana (PIC), asociación que se querelló contra el plan Rabassa desde casi el inicio de su tramitación, manifestó ayer en un comunicado que se reserva el derecho a emprender acciones legales contra el propio Ortiz tras la publicación de unas escuchas en las que el constructor ordena orquestar una campaña de desprestigio contra el primer presidente de la PIC, Manuel Alcaraz, profesor universitario, exdiputado y exedil. Ortiz demandó a un responsable del diario Metro, participado por él, “a pegarle hostias” a Alcaraz, quien además fue compañero suyo de colegio. Manuel Marco, presidente actual de la plataforma, explicó que si el fiscal no toma medidas a tenor de lo publicado y que consta en el sumarios, la asociación se personará contra el constructor.

 

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