Dos rascacielos sustituirán al Calderón

El Vicente Calderón tiene los días contados: en 2022, su lugar será ocupado por dos rascacielos y un enorme parque junto al río. 

El Ayuntamiento de la capital, gobernado por Ana Botella (PP), aprobará mañana el plan urbanístico, al que ha tenido acceso EL PAÍS, del área ocupada ahora por el estadio del Atlético de Madrid y por la antigua fábrica de cerveza de Mahou (demolida a finales de 2010). El club se mudará en 2016 al estadio de La Peineta, en el distrito de San Blas, que lleva tres años en obras. Junto al río Manzanares se levantarán dos rascacielos gemelos de 36 pisos, y ocho bloques de siete a 22 alturas, con una superficie edificable total de 175.365 metros cuadrados.

Para ello ha sido necesaria una modificación de la Ley del Suelo aprobada en 2007 por el Gobierno regional, entonces en manos de Esperanza Aguirre (PP), puesto que esa norma impedía levantar edificios de más de tres alturas y ático. Así lo confirmó una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que en enero de 2012 tumbó el anterior plan urbanístico diseñado por el Ayuntamiento para esta zona.

El cambio introducido en abril de 2013 por la Comunidad, gobernada ahora por Ignacio González (PP), ha permitido sacar adelante este nuevo proyecto, que desbloquea el ámbito y da luz verde a la mudanza del Atlético de Madrid.

El Ayuntamiento prevé que las obras —que pagará íntegramente Fomento de Construcciones y Contratas (FCC)— se realicen en tres fases: comenzarán el año que viene, cuando estén concluidos todos los trámites y si no se producen nuevos sobresaltos judiciales, y estarán concluidas en 2022 o 2023. Se iniciarán en el área más apartada del río, que ya está completamente urbanizada, para que FCC pueda ir comercializando los bloques a medida que se concluyan y así aliviar el coste de esta obra y de La Peineta.

El ámbito de actuación comprende en total 204.218 metros cuadrados de superficie en el distrito de Arganzuela, en un área delimitada por los paseos de Pontones, Imperial y Virgen del Puerto, por la calle de Alejandro Dumas y por el río Manzanares.

El 55% del suelo es de propiedad municipal, el 30% corresponde a la antigua fábrica de Mahou, y 15% restante al club de fútbol.

Sobre esa superficie, 48.054 metros cuadrados serán ocupados por edificios (pisos y comercios), mientras que los 156.164 restantes se dedicarán a zona verde y dotaciones públicas.

El ámbito se dividirá en cuatro manzanas. La primera servirá para ampliar en 10.830 metros cuadrados el colegio público Tomás Bretón, ubicado en el número 4 de la calle de Alejandro Dumas y con 455 alumnos. La segunda, de 8.362 metros cuadrados, albergará dos edificios de hasta 22 plantas que, según el Ayuntamiento, “supondrán una nueva puerta de la ciudad hacia el río”.

La tercera, de 30.517 metros cuadrados y situada en el centro del ámbito, está aún por definir: podría albergar seis bloques de cuatro o cinco plantas con zonas verdes privadas entre ellas, o cinco torres residenciales de entre 12 y 24 pisos. La cuarta manzana, de 11.786 metros cuadrados, la más próxima al río, soportará dos rascacielos iguales y simétricos de 36 plantas, “una altura que remacha la fachada urbana y marca un acceso desde el parque de Madrid Río y la Casa de Campo hacia el casco histórico”.

Esta reforma urbanística prevé además enterrar la M-30 entre la calle del Marmol y el nuevo parque de Arganzuela, una vez se tire abajo el estadio de fútbol. Concluirá así el soterramiento de la autovía, que ha costado hasta ahora 4.745 millones de euros. El parque de Madrid Río costó 371 millones de euros más.

El proyecto prevé crear dos nuevos bulevares ajardinados que bajen desde la Puerta de Toledo, y un paseo que discurra hacia la glorieta de Pirámides; se ampliará además una de las aceras del paseo de Pontones.

En total, el plan diseñado por el Ayuntamiento prevé crear 37.322 metros cuadrados de nuevas zonas verdes junto a Madrid Río, recuperando así, según el Ayuntamiento, “la esencia de la antigua pradera de San Isidro”.

Un 10% de la superficie edificable se destinará a usos terciarios, pero no se implantará ninguna gran superficie, únicamente pequeño y mediano comercio. Además, está previsto construir un aparcamiento privado con 4.263 plazas.

El Ayuntamiento, gobernado entonces por el ahora ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), firmó en 2008 un convenio con el Atlético para que se trasladara al estadio de La Peineta.

El club ganaba así un campo nuevo de 73.000 asientos, 20.000 más que el Calderón. La Peineta, inaugurada en 1994 tras invertir 50 millones, estaba “infrautilizada” y en “un importante estado de deterioro”, según el Ayuntamiento, que quería de paso convertirla en estadio olímpico.

El Atlético se comprometió a comprar la parcela de San Blas por 41,2 millones. El estadio se tasó en cero euros, pero se obligó al club a hacer otro nuevo en su lugar antes de junio de 2015, con un presupuesto de 195 millones.

Para pagarlo, el Atlético firmó en junio de 2010 un acuerdo con FCC y Mahou. La constructora debía derribar el Calderón y la fábrica de cerveza y levantar allí las 2.000 viviendas proyectadas y 160.000 metros cuadrados de zonas verdes; además, soterraría el último tramo de la M-30 para completar el parque de Madrid Río, con un coste de 40 millones.

Al Ayuntamiento y al Atlético, la operación les saldría gratis. FCC costearía las obras (el contrato firmado con el club preveía un gasto de 218 millones, más 41 por la parcela) vendiendo los pisos.

El pleno municipal aprobó en octubre de 2009 la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para reformar el área, con los votos del PP (que tenía, como ahora, mayoría absoluta) y la abstención de socialistas e IU.

El proyecto, tal y como fue aprobado entonces, preveía repartir la edificabilidad en torres de hasta 17 alturas. Fue sancionado ese mismo año por la Comunidad de Madrid, pero la Asociación Señales de Humo (integrada por seguidores del Atlético críticos con la gestión del club) lo recurrió judicialmente. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid le dio la razón en una sentencia del 20 de enero de 2012 que enviaba al limbo el plan urbanístico por incumplir la modificación introducida en 2007 por Aguirre en la Ley Regional del Suelo, que limitaba a tres alturas más ático los edificios nuevos en la Comunidad.

El Ayuntamiento decidió entonces, con el respaldo de la Comunidad, el Atlético, Mahou y FCC, recurrir la sentencia al Tribunal Supremo. Sin embargo, el Gobierno regional maniobró para acortar los plazos, puesto que la justicia podía tardar años aún en zanjar la cuestión, y en abril de 2013 decidió introducir un párrafo de 55 palabras en una ley en curso que lo cambiaría todo.

Aguirre había añadido en 2007 un artículo, el 13, a la Ley del Suelo aprobada en 2001 por Gallardón. Decía así: “No podrá edificarse con una altura superior a tres plantas más ático (...). No obstante, los Ayuntamientos podrán autorizar la construcción de edificios singulares con una altura superior, cuando concurran circunstancias especiales debidamente apreciadas y motivadas”.

Para mitigar el impacto, Aguirre incluyó una disposición transitoria: la limitación solo sería de aplicación en los planes urbanísticos aprobados a partir de la entrada en vigor de la norma. Es decir, todos aquellos que ya contaran con el visto bueno municipal, aunque fuera provisional, podrían seguir adelante sin restricciones.

Tras conocerse la sentencia que tumbaba el proyecto urbanístico del Calderón, Aguirre remarcó en que no modificaría su ley. Sin embargo, su entonces vicepresidente, Ignacio González, avisó de que la Comunidad haría “todo lo posible” para solventar el problema. Aguirre dejó la presidencia a González en septiembre de 2012. Y, siete meses después, el nuevo presidente regional incluyó en la Ley de Patrimonio Histórico un nuevo párrafo para alterar la disposición transitoria de Aguirre: “En todo caso, no será de aplicación dicha limitación al suelo que estuviera clasificado como urbano antes de la entrada en vigor de la Ley 3/2007, ni a las futuras modificaciones o revisiones de planeamiento que se tramiten sobre el mismo ni a los instrumentos de planeamiento de desarrollo que afecten a dicho suelo”.

La limitación de alturas de Aguirre dejó así de afectar al suelo que ya era urbano en el momento de la aprobación de la ley, se hiciera lo que se hiciera en él.

Este jueves, el Ayuntamiento aprobará lo que se va a hacer en el espacio ocupado por el Calderón y la fábrica Mahou: dos rascacielos, ocho bloques y un gran parque. Previsiblemente, si no median nuevos reveses judiciales, en 2022 o 2023 el área estará completamente terminada, y el Atlético de Madrid llevará desde verano de 2016 jugando sus partidos en La Peineta.