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Baltar intenta sin éxito anular su juicio por enchufes masivos en la Diputación

El tribunal rechaza la petición de nulidad de la defensa del expresidente de la Diputación de Ourense, que se sienta desde hoy en el banquillo acusado de prevaricación continuada

Baltar, sentado hoy en el banquillo de la Audiencia de Ourense.
Baltar, sentado hoy en el banquillo de la Audiencia de Ourense.

Jubilado, pero con todos los poderes políticos intactos —ahora en manos de su primogénito— el expresidente del PP y de la Diputación de Ourense José Luis Baltar se sienta hoy en el banquillo acusado de prevaricación por el enchufe masivo de un centenar de personas en 2010. En el arranque de la jornada, la defensa de Baltar ha intentado de nuevo anular el juicio pero el tribunal ha rechazado la petición. El letrado del que fue presidente provincial durante 23 años alegaba indefensión.

El fiscal acusa a Baltar de haber enchufado a 104 personas, casi todas vinculadas al PP, para favorecer las opciones de su hijo José Manuel en las vísperas del congreso provincial del partido que 2010 consumó la sucesión dinástica. 104 personas para engordar la plantilla de una endeudada, y ya sobresaturada de empleos, Diputación Provincial que en buena parte acudieron a votar —ellos o sus parientes— al congreso en el que su hijo barrió al candidato rival apoyado por Rajoy y Feijóo. Ese día, Baltar padre —quien se autodefinía como un “cacique bueno”— llevado por la euforia del triunfo levantó en volandas a su hijo para transportarlo sobre sus hombros por el salón de congresos. Consumada la herencia en el partido, le dejaría también en prenda dos años después la presidencia de la Diputación.

Baltar, que tiene ahora 73 años y presidió durante 23 la Diputación, acude al juicio que hoy se inicia en la Audiencia Provincial de Ourense sabiendo que incluso una condena no tendrá consecuencias prácticas para él. Aunque el PSOE lo denunció por prevaricación y malversación, tanto el fiscal como el juez instructor consideraron que incurrió solo en el primero de los delitos, que no implica cárcel. Si resultase condenado, la pena sería de 10 años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.

“A mí no me inhabilita nadie, que ya me inhabilité yo”, se zafó cuando trascendió la noticia de su imputación, después de que hubiese dejado ya la política activa Y, convencido de que también lograría zafarse de esta, después de que el fiscal general del Estado archivara por “poco precisa” la denuncia de un anónimo por su supuesto enriquecimiento patrimonial, advirtió: “El que ríe el último ríe dos veces”. Y a continuación se dio de baja en el PP.

Pero, desde entonces, Baltar no ha hecho sino acumular denuncias. El extodopoderoso presidente ourensano ha tenido que enviar un escrito a la juez instructora del caso Pokémon, Pilar de Lara, para justificar su ausencia, hoy mismo, a la citación en la que tenía que responder de una imputación por cohecho por supuestamente haber aceptado un soborno de 6.000 euros del grupo Vendex, concesionario de servicios municipales en Galicia. Además, se enfrenta a su posible responsabilidad en otra causa judicial abierta a instancias de la Unión Europea. Los técnicos de la oficina de lucha contra el fraude de Bruselas acusan a la Diputación que él presidía de haber cometido fraude en la adjudicación de más de un centenar de depuradoras a una empresa afín.

El juicio del enchufismo lo encuentra jubilado. El fiscal presentó querella contra él a finales de 2012, dos años después de que los socialistas ourensanos acudieran a su despacho cargados con cientos de folios con los que denunciaban el clientelismo político en una institución, la mayor fábrica de empleos de la provincia, en la que, según las cuentas de la oposición, llegaron a trabajar más de un millar de personas vinculadas al PP. En ocasiones, familias enteras

En el juicio que hoy desfilarán por el estrado docenas de sus fieles alcaldes, sus técnicos —el personal de confianza al que, cuando se vio apretado judicialmente, señaló como responsable de las contrataciones irregulares— y algunos de los supuestos enchufados. Mientras tanto, su hijo-sucesor, bajo cuya presidencia han seguido aprobando oposiciones de la Diputación afines al PP, ha aprobado un código ético contra la corrupción política.Lo hizo unos meses después de haber contratado a dedo a un exdiputado socialista para que lo asesorara en transparencia.