Carbonero pide a los grupos políticos celeridad para aprobar la renta básica

La ley de renta básica no se puede demorar más. El secretario general de CC OO, Francisco Carbonero, ha lanzado este mensaje a los grupos políticos del Parlamento andaluz. Y les ha dado un ultimátum: si no agilizan la normativa, el sindicato iniciará después de verano una campaña de movilizaciones y presiones por toda la comunidad. “Si los partidos políticos no agilizan la ley, saldremos a la calle en septiembre”, afirma Carbonero. Y el rumbo se marcará este martes. El sindicato y el resto de organizaciones de la plataforma Compromiso Social por Andalucía presentarán al presidente del Parlamento, Manuel Gracia, su propuesta sobre renta mínima.

“Queremos que haya trabajo y empleo, que la gente se gane la vida dignamente, pero mientras eso sucede hay que garantizar políticas sociales. Antes de dar mijitas, es preferible establecer un derecho que garantice esos ingresos mínimos y garantice derechos de inserción que pare la situación de deterioro de la gente”, mantiene el secretario general de CC OO, informa Europa Press. La propuesta sobre renta mínima de los colectivos de esta plataforma, que piden que se incluya en el nuevo acuerdo de concertación, contempla ayudas mensuales de entre 425 y 680 euros. “Los grupos y partidos ya tienen la propuesta y todos dicen que es maravillosa [...] pero lo que queremos es que se sienten y elaboren un acuerdo serio que lleven con urgencia al Parlamento”, matiza Carbonero.

Y tienen fecha límite. El secretario general ha asegurado que el sindicato va a dar de margen al Parlamento y a los grupos políticos hasta después del verano. “Si no se agilizan los trabajos iniciaremos una campaña de acciones sin descartar, en última instancia, presentar una iniciativa legislativa popular (ILP)”, afirma antes de añadir: “Si no nos echan cuenta de otra manera, al menos tendrán que retratarse y votar en contra, o no. Queremos que se resuelva todo esto y que haya una ley. No queremos que se haga justo antes de convocar elecciones, lo queremos ya, antes de que acabe el año”.

Carbonero ha recordado que la renta básica forma parte del acuerdo de gobierno entre PSOE e IU. Una propuesta que rescató la formación de izquierdas en noviembre del año pasado cuando, por sorpresa, anunció en el Parlamento que registraría una iniciativa para crear un grupo de trabajo sobre esta normativa, comisión que está presidida por Carmen Martínez Aguayo. Asimismo, fue IU quien este mismo jueves planteó en la Cámara la inclusión de la renta básica en el próximo presupuesto.

No queremos que se haga justo antes de convocar elecciones

Francisco Carbonero

Sobre la financiación de esta normativa, Carbonero calcula que harían falta alrededor de 350 millones de euros y añade que “en diversas áreas de los presupuestos hay un número importante de partidas que va destinado a políticas sociales”. “Estas cantidades se podrían reagrupar para constituir y financiar esta ley, después habría que poner un poco más aparte de lo que hay en los presupuestos de la Junta para este tema”, agrega Carbonero.

La propuesta de renta básica de la plataforma asocia la prestación a medidas individualizadas de inserción para promover “la superación de la situación de riesgo y evitar que desmotive a los beneficiarios de la búsqueda de empleo”. En este sentido, la propuesta de ley incluye requisitos, duración, seguimiento, incompatibilidades y control de la prestación. A la renta básica teórica (entre 425 y 680 euros) se le restarán los ingresos que obtengan todos los miembros de la unidad familiar. También se prevé excepciones para casos especiales, entre ellos, las mujeres y los jóvenes —sectores que registran los datos más altos de desempleo, más del 37% y del 50%, respectivamente—.

En cuanto al número de beneficiarios, Carbonero ha matizado que es “complicado” estimarlo. “Variaría mucho, dependiendo de cada momento y de la época. Si hay menos empleo habría más perceptores y si hay más empleo no habrá tantos beneficiarios”, afirma el responsable de CC OO antes de señalar que, en estos momentos, podrían beneficiarse unas 700.000 familias, “que son la gente que no cobra y ya no recibe nada de ingresos”.