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El alcalde de Porriño aprueba por decreto 18.000 euros para el pago de su defensa

Santos contrata a dedo a un bufete tras ser imputado por delitos ajenos al cargo

El alcalde de O Porriño, el popular Nelson Santos, imputado por prevaricación continuada, malversación, tráfico de influencias, cohecho y vulneración de los derechos de los trabajadores —al menos estos dos últimos delitos no tienen relación con el ejercicio del cargo—, decidió unilateralmente el año pasado, mediante decreto de la alcaldía, costearse su defensa jurídica con cargo a las arcas municipales. Santos no solo tomó esta decisión sin someterla siquiera a la valoración de la junta de gobierno, sino que obvió cualquier trámite institucional para elegir bufete. El alcalde decidió, también por decreto, que fuera el despacho vigués Lealtadis Vigo SLP, el que asumiera su defensa, comprometiendo para ello el abono de 18.140 euros de dinero público, de los que de momento dio orden de pagar 4.840.

El regidor de O Porriño, que reconoció recientemente en declaraciones públicas haber enchufado en empresas afines al PP a vecinos del municipio que le pedían un empleo, firmó el 5 de abril de 2013 un decreto comprometiendo el pago de 7.260 euros del Ayuntamiento al despacho vigués para costear su defensa en el procedimiento iniciado contra él por el Juzgado de Instrucción 1 de O Porriño —una supuesta prevaricación por costear con 4.000 euros mensuales a un ingeniero al que no había contratado— y de otros 10.890 euros al mismo bufete para afrontar el procedimiento abierto también contra él en Juzgado de Instrucción 3 del mismo municipio dentro de la Operación Multiusos. En ambos procedimientos el pago incluía la fase de juicio oral o apelación “en el caso de que no se archive el asunto en la fase de instrucción”.

Santos esperó más de un año para matizar su acción. El pasado 13 de junio, 12 días después de que siete ediles de Santiago fueran condenados por acordar el pago con dinero público de la defensa de un compañero acusado de corrupción, el alcalde registró un escrito en el Ayuntamiento, según precisa ahora su gabinete de prensa, comprometiéndose a “reponer a las arcas municipales los honorarios del letrado satisfechos” en el caso de que resulte condenado. El regidor no tiene en cuenta en ese escrito, a la vista del referido comunicado de prensa, que decidió la contratación sin someterla al criterio de ningún órgano municipal y sin tener en cuenta que con ella afronta la defensa de supuestos delitos ajenos al ejercicio estricto del cargo público, como son los de cohecho, tráfico de influencias y vulneración del derecho de los trabajadores por los que también está imputado.

Para justificar su decisión, con la que, precisa, “no se conculca ningún derecho ni se infringe o incumple ninguna normativa legal”, Santos arrastra a los técnicos municipales: “El abono de los honorarios del letrado [los 4.840 euros que ha pagado hasta el momento] fue satisfecho sin ningún reparo del secretario ni del interventor”, sostiene el regidor a través de su gabinete. Este insiste en la “legalidad” de sus acuerdos precisando que “desde siempre, los honorarios de abogados en defensa de alcaldes y concejales en España fueron y son satisfechos por los Ayuntamientos que representan”. Aunque apostilla el propio alcalde en ese comunicado que esto es así “siempre y cuando se derive su conducta de la gestión directa de su responsabilidad municipal, como resulta en el caso del regidor porriñés”.

La concejala socialista y abogada Eva García de la Torre, personada como acusación en la Operación Multiusos, sostiene que los supuestos delitos de tráfico de influencias, cohecho y vulneración del derecho de los trabajadores por los que está imputado Santos constituyen lo que “comúnmente se conoce como abuso de poder y no tienen nada que ver con el ejercicio del cargo público, como ha quedado claro en la sentencia condenatoria de los concejales de Santiago”.

En esa sentencia el juez deja claro que “sufragar con las arcas municipales la representación procesal de un concejal imputado por un delito de tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental no entra dentro de los parámetros de defensa letrada consustancial a las funciones innatas del cargo” y precisa, además, que los concejales compostelanos “comprometieron fondos públicos al pago de unas minutas devengadas por un letrado en cuya designación no había intervenido la corporación local” y que su decisión se realizó “en contra de los intereses públicos y con la clara intención de favorecer a un compañero de corporación”.

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El mismo particular que denunció ante la fiscalía los supuestos delitos por los que ha sido imputado Santos ha registrado otra demanda ante la fiscalía para que actúe contra el acuerdo del regidor de pagar con fondos municipales su defensa en procedimientos judiciales que son “ajenos al ejercicio del cargo”.

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