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Ignacio González se distancia de la reforma fiscal de Montoro

El presidente regional, que hace ocho meses anunció la mayor rebaja de impuestos en una autonomía, dice que volverá a hacerlo si los nuevos tramos del IRPF penalizan a algunos madrileños

Cristóbal Montoro y Antonio Beteta, 'número dos' del ministro de Hacienda, conversan con el presidente regional, Ignacio González. Ampliar foto
Cristóbal Montoro y Antonio Beteta, 'número dos' del ministro de Hacienda, conversan con el presidente regional, Ignacio González.

Ocho meses después de protagonizar la mayor baja de impuestos puesta en marcha por una autonomía, Ignacio González no descarta volver a hacerlo en caso de que la reforma fiscal del Gobierno de Mariano Rajoy perjudicase a los ciudadanos de la región. "Si como consecuencia de la rebaja fiscal, al reducir de siete a cinco los tramos [en Madrid hay cuatro], existiera algún madrileño que no se sintiera beneficiado por la rebaja de Madrid me plantearía volver a bajar los impuestos para que nadie se vea perjudicado por esa situación”, ha expresado el presidente de la Comunidad en una entrevista en Espejo Público, de Antena 3. Aunque no ha explicado cómo lo haría, González ha dado a entender que tiene margen para llevarlo a cabo, por más que Madrid sea la comunidad con la presión fiscal más relajada de España. La oposición critica que beneficia a las rentas más altas.

Frente a sus palabras de hoy, el dirigente regional afirmó este lunes que la reforma fiscal de La Moncloa “va en la buena dirección”. “Es la fórmula correcta, creemos que en una situación de dificultad económica como la que tenemos hay que bajar los impuestos para dinamizar la actividad económica", agregó.

Las palabras de González fueron la constatación de que la reforma fiscal que impulsa el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no convence a la Comunidad y, por extensión, al PP regional, el de más galones del país. Distintos responsables del partido consideran que la bajada de impuestos, en concreto del IRPF —se aplica a partes iguales entre Estado y autonomías—, “se queda corta”. Y, aunque valoran el beneficio que según estas fuentes supondría para las rentas más bajas, debería ser más profunda para favorecer al máximo a los potenciales beneficiarios.

La principal inquietud del Ejecutivo de González es que la reforma del Estado -tampoco es partidario de gravar a las indemnizaciones por despido, y al contrario que la Administración Central mantendrá la deducción por alquiler para los inquilinos de menos de 35 años- repercuta “solamente de perfil” en la clase media-alta, con una renta de entre 30.000 y 50.000 euros. De ser finalmente así, Madrid intervendría en su parte correspondiente del IRPF, en favor de aquellos ciudadanos a quienes la rebaja estatal de impuestos “no compense adecuadamente”. ¿Qué supondría? Un ahorro de unos 150 euros anuales en el caso de las rentas de 30.000 euros brutos al año. En el caso de quienes tengan un salario de 40.000 euros, equivaldría a unos 215 euros anuales, mientras que la rebaja de la parte proporcional de las rentas de 50.000 euros equivaldría a unos 275 euros de ahorro.

La oposición reprocha que, de aplicarse, tendría una repercusión muy escasa en el día a día de la población. La Comunidad destaca que ese dinero se destinaría al consumo y, por tanto, contribuiría al crecimiento económico. En este sentido, el Gobierno regional sostiene que la política fiscal que aplica desde enero le supone 350 millones de ahorro a los madrileños (216 millones del IRPF, 76 millones del impuesto de transmisiones patrimoniales y 50 del impuesto de actos jurídicos documentados). Unas cifras que, trasladadas a los bolsillos de cada ciudadano, suponen que los madrileños pasen de ahorrarse un promedio de 700 euros anuales a 1.110 euros.

A finales del pasado octubre el barón popular anunció la mayor bajada de impuestos practicada por una comunidad. Una vez más Madrid, la principal posesión del PP y su laboratorio de ideas y campo de pruebas para sus políticas de tinte liberal, marcaba el paso al Gobierno de Mariano Rajoy. En vigor desde el 1 de enero, González adelantó entonces la rebaja de 0,4 puntos en cada tramo autonómico del impuesto de la renta. Una reducción que se añadía a la realizada por Esperanza Aguirre en 2007, de 0,1 puntos. La política fiscal del Ejecutivo madrileño dejó los cuatro tramos en función de la base liquidable de la siguiente manera: la tarifa hasta los 17.707,20 euros pasó del 11,60% al 11,20%; entre los 17.707,20 y 33.007,20 euros se redujo del 13,70% al 13,30%; entre los 33.007,20 y 53.407,20 euros disminuyó del 18,30% al 17,90%; y a partir de los 53.407,20 euros pasó a ser del 21,40% al 21%.

Además, González redujo un punto el impuesto de transmisiones patrimoniales, que grava la compra de pisos de segunda mano, dejándolo en el más bajo de España con un 6%. El impuesto de actos jurídicos documentados (repercute en los documentos notariales e hipotecarios en la compra de viviendas nuevas) se fijó en el 0,75%, una rebaja del 25% respecto al anterior impuesto (1%). Un guiño fiscal más de la autonomía con la menor carga fiscal en uno de los países de la UE con la presión fiscal más baja (siete puntos de PIB por debajo de la media). Con el matiz añadido de que Madrid es la única región que no grava el impuesto sobre el Patrimonio, y que tiene deducido al 99% el impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

El planteamiento de González se produce un día antes del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que Madrid tenía muchas expectativas. El Gobierno de González, y por extensión el PP de Madrid, reclaman desde el verano de 2012 la revisión del sistema de financiación autonómico, al que achacan un trato desfavorable y reclaman más de mil millones. Todo apunta a que las expectativas de la Comunidad para que se reformulara el modelo actual, que data de 2009, y por tanto se aplicara con carácter retroactivo uno más benigno con sus intereses, volverá a retrasarse.

De ser así, tal y como apuntan las previsiones, Madrid chocará por enésima vez con Montoro.El ministro de Hacienda mantiene una relación especialmente tensa con el Ejecutivo madrileño, el único gobernado por el PP que el verano pasado votó en contra del reparto asimétrico del déficit. También han saltado chispas con las peticiones de González de rebajar el IVA cultural, lo que le ha valido numerosos apoyos en el sector del cine, habitualmente crítico con las políticas más conservadoras. Quizás el mejor ejemplo de las fricciones entre el Gobierno de Rajoy –que sigue alargando el suspense sobre quién será el candidato del PP en las elecciones autonómicas (González es el único que se ha postulado en público, aunque hay más candidatos aguardando su momento)- lo dejó Montoro cuando, requerido por la rebaja fiscal de la región y en plena pelea por el sistema de financiación, expresó que “quizás” a Madrid “le sobra el dinero”. Una advertencia velada que no parece haber echado atrás a González en sus propuestas de índole fiscal.

 

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