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El fiscal pide 18 años de prisión para cada uno de los padres de Asunta

El ministerio público los considera autores de un delito de asesinato con alevosía

Los padres de la pequeña Asunta
Los padres de la pequeña Asunta

La Fiscalía de Santiago pide una pena de prisión de 18 años para cada uno de los padres de Asunta, la niña asesinada el pasado septiembre en el municipio de Teo, limítrofe con Compostela. El fiscal Jorge Fernández de Aránguiz asume las tesis de la instrucción del caso y considera a Rosario Porto y Alfonso Basterra “responsables en concepto de coautores” de un delito de asesinato con alevosía y agravado por el parentesco. Además de la cárcel, solicita la inhabilitación absoluta por 18 años y la inhabilitación especial para la patria potestad, tutela o acogimiento. En su escrito de conclusiones provisionales, resume el último año de convivencia que desembocó en el asesinato de Asunta, adoptada en julio de 2001 y muerta el 21 de septiembre de 2013, nueve días antes de cumplir los 13. Recuerda que la pareja, divorciada en febrero de 2013, volvió a “retomar la vida en común”, pero “con dos viviendas abiertas”, después de que Porto recibiese el alta tras su ingreso en junio en el Servicio de Neurología del Clínico de Santiago. Desde ese momento, “la niña acompañaba indistintamente a uno o a otro. Se quedaba a dormir en ambos pisos. Era normal que comiesen los tres juntos en casa de Alfonso, que era quien se ocupaba de cocinar”.

 El escrito de la fiscalía se conoció ayer junto con las conclusiones de la acusación popular, la Asociación Clara Campoamor, que pide una pena de 20 años para cada uno, y el anuncio de la defensa de que solicitará la libre absolución en el juicio que se celebrará con jurado probablemente tras el verano, un año después del asesinato. “Los acusados se pusieron de acuerdo para suministrar a su hija de forma continuada un medicamento que contiene lorazepam”, relata el fiscal. Asunta ingirió esta sustancia sedante “repetidamente en el verano de 2013”. “En la ejecución del plan acordado, el 5 de julio”, cuatro días después de recibir el alta la madre, “Alfonso retiró 50 comprimidos de Orfidal [el medicamento suministrado a la niña]” de una farmacia de Santiago. El día 17, otros 25, y el 22 de julio pidió al médico receta para 50 más. El 16 de septiembre retiró una cantidad idéntica “con una receta privada”.

“En la noche entre el 4 y el 5 de julio, Asunta, en el domicilio de su madre, fue sometida a uno de los episodios en los que le suministraron el medicamento”. Rosario “hizo circular el rumor de que había entrado un asaltante en el piso”, dice el fiscal. Cuatro días después, Asunta fue llevada por su padre a clase de música y “no era capaz de coordinar”. El fin de semana del 20 y 21 de julio los efectos volvieron a ser “tan intensos” que impidieron que la niña fuese el lunes a la academia. El martes sí acudió, pero “aún bajo los efectos” del Orfidal. La llevó y la recogió el padre, recuerda el fiscal, porque la noche anterior había dormido en su casa. Buena parte de agosto, destaca luego Fernández de Aránguiz, Porto y Basterra dejaron a la niña al cuidado de su madrina, y en su ausencia los padres divorciados “estuvieron juntos de vacaciones”.

Tras comenzar Asunta el curso, “volvieron” al lorazepam y la pequeña faltó al instituto el 18 de septiembre. El sábado 21, víspera de la madrugada en la que apareció el cadáver en una pista forestal, la familia comió en el piso del padre: “Puestos de común acuerdo, y con la intención de acabar con la vida de la niña, le suministraton una cantidad del medicamento tóxica para, cuando hiciera efecto, asfixiarla”, defiende De Aránguiz. “Rosario, siguiendo el plan acordado con Alfonso, se llevó a Asunta a la finca de recreo” en Teo. Antes de las ocho de la tarde “la asfixiaron” y “durante el proceso de sofocación, sufrió náuseas o vómitos”, describe el fiscal la terrible escena de la que hace partícipes a ambos padres. “En un momento próximo a la muerte la ataron”, y trasladaron el cuerpo cuatro kilómetros hasta el camino de Feros (Teo).

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