Ni un euro para Fabra

La bajada de impuestos aprobada el pasado viernes por el Consejo de Ministros se compadece mal con las exigencias del secretario de Estado del Ministerio de Hacienda, Antonio Beteta, al Consell exigiendo más recortes. O sí. El peso del ajuste en las Administraciones Públicas ha recaído fundamentalmente en las comunidades autónomas. Con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), las Administraciones Públicas despidieron 218.900 personas en el año 2011. De esa cifra más de dos terceras partes (148.000) correspondieron a las autonomías. La Administración local despidió a 47.200 empleados, mientras que la central apenas suprimió 15.900 puestos, cuando la mayor parte de los servicios los prestan los gobiernos autonómicos.

Enrique Ossorio, consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid (nada sospechosa de despilfarradora, al contrario que su Ayuntamiento) en una entrevista publicada en Cinco Días el pasado mes de abril hablaba claro: “Los números ponen de manifiesto que la Administración del Estado no ha hecho todavía un gran esfuerzo de austeridad (...) Cuando la Administración central haga un esfuerzo de recorte del gasto, será de justicia que las comunidades autónomas reciban más dinero para sostener la sanidad, la educación y los servicios sociales”. Y concluía: “La Administración central tiene unos ministerios muy grandes con competencias en materias que son de las comunidades”. Blanco y en botella.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y su número dos tienen tajo si realmente pretenden embridar un déficit que, con la anunciada bajada de impuestos, va a ser difícil de alcanzar. De hecho, como recordaba ayer José Carlos Díez en este periódico, 2014 ha empezado con una caída de los ingresos públicos de 15.000 millones respecto de lo que está previsto en los presupuestos. Se entienden los nervios en Hacienda. No tanto la prepotencia de su secretario de Estado el pasado lunes en Valencia. Beteta humilló al Consell y, de paso, nos humilló a todos los valencianos porque, con independencia de que guste más o menos, este es el Gobierno de todos. Motivos no le faltan al consejero de Hacienda, Juan Carlos Moragues, para poner el grito en el cielo.

La Comunidad Valenciana está, cosa sabida, infrafinanciada. Lo reconoce hasta el presidente extremeño. Y ya es difícil que Monago asuma que hay regiones que están peor que la suya. Por eso la prepotencia de Beteta fue tan insufrible. Aunque los valencianos fuéramos los griegos de España merecemos un respeto. Ni la troika ha sido tan desdeñosa con los griegos originales.

La propuesta de Rajoy y Montoro de bajar los impuestos tiene un tufo electoralista que echa de espaldas y es probable que incluso les sirva para recuperar algunos votos a costa de su irresponsabilidad fiscal. Pero no parece que ese vaya a ser el caso en la Comunidad Valenciana. Moragues lleva razón cuando da por perdida la Generalitat para el PP si no hay un gesto (dinero contante y sonante, nada de créditos al 3% que solo incrementan la deuda) desde Moncloa.

Debería desengañarse. En los análisis efectuados tras las europeas hay algo parecido a la unanimidad a la hora de considerar que la derecha va a perder el Consell después de 20 años en el poder. Daré un dato. En una escala de 0 a 10, siendo 0 la extrema izquierda y 10 la extrema derecha, los españoles se sitúan en el 4,7, prácticamente en el centro. Los valencianos se ubican en el 4. Un giro social a la izquierda insalvable en lo que queda de legislatura. En Madrid lo saben. ¿Dinero para Fabra o para el tripartito? Va a ser que no.