Empleados de Vaersa piden a las Cortes investigar la suplantación de funcionarios

El comité de empresa de Vaersa ha pedido a la Generalitat y a las Cortes Valencianas una comisión de investigación que determine las responsabilidades profesionales y políticas tras la emisión de la sentencia que condena a la Generalitat por haber derivado la redacción de informes de impacto ambiental desde 2003 a la empresa pública. Los trabajadores aseguran que se han limitado a realizar los trabajos solicitados por la Generalitat y que la sentencia constata la responsabilidad directa de los funcionarios.

El comité de empresa y la sección sindical de CC OO han enviado un comunicado, en el que aclaran que ningún trabajador de Vaersa "hace intromisión" en las funciones que les son propias a los funcionarios. Además, han dicho "estar de acuerdo" con la sentencia que cuestiona miles de expedientes y que la Generalitat ya ha anunciado que recurrirá. Los trabajadores aseguran que desde la publicación de la sentencia, ni Vaersa ni la consejería se ha puesto en contacto con ellos para hablar sobre unos documentos que el TSJ ha ordenado que dejen de ser realizados por la empresa pública de forma inmediata.

Preguntada al respecto este viernes, la consejera de Infraestructuras, Isabel Bonig, ha considerado que los proyectos urbanísticos a los que afectan dichas declaraciones de impacto ambiental "quedan exactamente igual" porque en la sentencia "que no es firme" no se establece la revisión de los mismos de oficio.

El Consell ha dado orden a la abogacía de la Generalitat para que plantee un recurso porque, según ha explicado Bonig, dichas declaraciones ambientales no se han dictado por un órgano "manifiestamente incompetente". Preguntada por un informe de la abogacía de la Generalitat que desaconsejaba presentar dicho recurso, Bonig ha respondido que existe otro de la dirección general de Urbanismo que sí lo recomienda.

Los empleados de Vaersa aseguran que su trabajo consiste en la elaboración de documentos en materia de evaluación ambiental "de forma idéntica o asimilable" a como lo hacen los funcionarios de la consejería, una labor que desarrollan "de principio a fin de manera autónoma" desde la apertura del expediente hasta su resolución. Estos trabajos, explican, los desarrollan "bajo la supervisión de los jefes de servicio y del jefe de área o subdirector general, y sin intervención alguna de Vaersa".

El comité ha apoyado a los trabajadores y ha asegurado que son técnicos cualificados que han actuado con "objetividad, imparcialidad, independencia y profesionalidad" en las declaraciones de impacto ambiental. Los trabajadores lamentan no haber podido concurrir a las nuevas plazas de la consejería, que ha creado 51 nuevas durante 2013 y 2014, por la ausencia de convocatoria de oferta pública de empleo.

Las plazas, según explican, se han cubierto con interinos procedentes de bolsas de trabajo preexistentes, de las que 11 corresponden a plazas de técnico que se han cubierto en la Subdirección General de Evaluación Ambiental y Territorial. La "consecuencia inmediata", cuentan, ha sido el despido de trece técnicos administrativos vinculados a las encomiendas de evaluación ambiental. Estos trabajadores han demandado de forma individual a Vaersa y a la consejería por improcedencia de la causa. Consultada por EFE, la Consejería de Infraestructuras no se ha pronunciado por el momento sobre estas cuestiones.