El gobierno de Ourense de 2008, ante el juez por adjudicar una obra a dedo

Comienza el viacrucis judicial del bipartito entre socialistas y nacionalistas que gobernaba Ourense en 2008. El alcalde, el exalcalde, las dos tenientes de alcalde, tres extenientes de alcalde y dos exconcejales están imputados por presunta prevaricación por adjudicar a dedo y sin publicidad una obra de 593.000 euros a una empresa de la que era director financiero un miembro de la ejecutiva local del PSdeG, que además ocupó el puesto 14º en la lista socialista. Y tres de ellos, el exalcalde Francisco Rodríguez (PSdeG), la edil Áurea Soto (PSdeG) y el exteniente Alexandre Sánchez Vidal (BNG), negaron este jueves ante el juez haber cometido delito alguno, rebajando lo sucedido a un posible error administrativo.

Según el titular del juzgado de Instrucción dos de Ourense, Antonio Piña –apartado temporalmente del caso hasta que se resuelva una recusación planteada contra él por dos de los imputados– “resulta acreditada la existencia de indicios racionales de la posible comisión de un delito de prevaricación” en la reforma de la céntrica calle Bedoya, adjudicada con un negociado urgente y sin publicidad. Además, la investigación iniciada tras una denuncia del grupo político de la oposición, Democracia Ourensana, destapó un supuesto amaño para conceder la obra a dedo. El juez concluyó que dos de las tres empresas invitadas en secreto (Ocasa y Betunes) son la misma y que la tercera (Opain) está presidida por el hijo del dueño de Ocasa y participada por esta. “Opain completaba terna con frecuencia con las dos anteriores en otros procedimientos”, afirmó el magistrado. De hecho, los documentos con las ofertas empresariales eran idénticos –incluso compartían fallos de impresión en una de sus páginas– y fueron registrados con minutos de diferencia.

Los imputados aseguraron al juez que ningún técnico les advirtió de la ilegalidad que iba a cometer al adjudicar mediante un negociado secreto, pero el asesor jurídico jefe del Ayuntamiento lo negó, también ante el juez, matizando que efectuó un aviso oral. El exalcalde manifestó sentirse “sorprendido” por tener que rendir cuentas de un asunto de hace seis años. Francisco Rodríguez defendió que si hubo “alguna irregularidad administrativa” tenía que haberse dirimido en aquel momento y que siguieron ese procedimiento “para no perder una subvención”. Para la edil de Urbanismo, Áurea Soto, lo sucedido podría ser una “incorrección administrativa”. Sobre la presunta concertación o amaño empresarial, matizó que ningún informe advirtió de “problemas en ese sentido”. El exteniente de alcalde del bipartito, Alexandre Sánchez Vidal, aseguró “no saber por qué” estaba en el juzgado ya que las decisiones de la Junta de Gobierno contaban con “el beneplácito de los técnicos”. El expediente de la obra incluido en el sumario carece de los “informes jurídicos y de intervención”, según denunció el propio interventor municipal, que reparó facturas de la obra.

Los empresarios implicados en el proceso supuestamente ilegal también recalaron en el juzgado esta semana. José Rodríguez (Ocasa y Betunes) y Marcos Rodríguez (Opain), padre e hijo, no supieron explicar al juez por qué las idénticas ofertas fueron presentadas en el registro con unos minutos de diferencia y con los mismos errores. Un tercer empresario, Santiago Ferreiro, responsable de Orega, que concurrió en una unión temporal de empresas (UTE) junto a Betunes, justificó que se limitó a aceptar la propuesta de UTE hecha por Betunes y que no participó en el proceso. La semana próxima declararán Agustín Fernández (actual alcalde), Marga Martín (teniente de alcalde) y Demetrio Espinosa (exconcejal), todos del PSdeG, así como Andrés García Mata e Isabel Pérez (extenientes de alcalde) y Marta Arribas (exconcejal), del BNG.

En aquella misma Junta de Gobierno de septiembre de 2008, el bipartito local acordó otra reforma –la céntrica plaza de Paz Nóvoa– siguiendo un procedimiento administrativo idéntico que también fue denunciado ante la justicia por la formación Democracia Ourensana. La titular del juzgado de Instrucción número tres de Ourense, Cristina Martínez, investiga desde hace casi tres meses otro presunto delito de prevaricación de los mismos nueve políticos que ya están encausados por el caso de la calle Bedoya, ya que la legislación permite adjudicaciones a través de un procedimiento negociado, urgente y sin publicidad para licitaciones inferiores a 200.000 euros. La reforma de esa plaza rozó los 435.000 euros. La del caso Bedoya triplicó el máximo permitido por la ley.