La plataforma contra la subida del agua en Jaén prepara movilizaciones
La Unión de Consumidores eleva al 30% el incremento acumulado en los recibos
![Ginés Donaire](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F45927f5a-76bf-4d88-b9b5-89aa721d4adb.png?auth=339c3297f4a00c8a0c3e1e9bc1cbe388192fd0235045d73758ba6652e101beff&width=100&height=100&smart=true)
La plataforma ciudadana creada en Jaén contra la subida del agua va a diseñar este jueves un calendario de movilizaciones para presionar al equipo de gobierno municipal, del PP, a anular los nuevos recibos, que presentan subidas de hasta el 22%. La plataforma, en la que se integran asociaciones vecinales, de consumidores, sindicatos y otros colectivos sociales, ya presentó más de 2.200 firmas ante el registro del Ayuntamiento dentro del periodo de alegaciones, que expiró el pasado día 12.
“No nos vamos a quedar cruzados de brazos ante una subida que es un abuso, y que asciende al 30% teniendo en cuenta lo acumulado de los últimos cuatro años”, indicó Alfonso Ibáñez, de la Unión de Consumidores, UCE. Según el manifiesto elaborado por la plataforma, la aplicación del nuevo recibo por bloques y habitantes carga la subida del agua en los hombros de las personas que viven solas, las parejas jóvenes y de mayores y las familias, así como a los comerciantes. “Defendemos una tarifa del agua con un mínimo humano garantizado y una moratoria en los recortes por impago en situación de insolvencia”, agrega el manifiesto.
La intención de la plataforma es poder tumbar la decisión del gobierno local, al igual que ocurrió en Málaga, donde las protestas ciudadanas forzaron al alcalde, Francisco de la Torre, a anular lo aprobado en el mes de noviembre. Otras subidas en los últimos meses, con protestas incluidas en muchos casos, se han producido en Jerez de la Frontera, Huelva, El Puerto de Santa María o Bollulos par del Condado.
También los dos grupos de la oposición municipal han pedido, sin éxito, al PP la retirada de las nuevas tarifas, que cuentan con el dictamen negativo del Consejo Económico y Social (CES). El PSOE sostiene que se ha hecho sin tener auditadas las cuentas de la empresa concesionaria, Aqualia, y sin informe que justifique el incremento, la regularización de la situación de las escuelas infantiles, en precario equilibrio. IU, por su parte, ha pedido la modificación del reglamento del servicio municipal de aguas para introducir bonificaciones y exenciones para familias con ingresos por debajo del umbral de la pobreza, y desautorizar los cortes en el suministro por impagos.
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