Dos excargos de Sanidad declararán por los tratos con Over Marketing
El juzgado de Instrucción número 3 investiga si el Consell amañó contratos con la empresa balear Aceptada a trámite la querella presentada por la Asociación Contra la Corrupción
El juez que investiga si el Consell amañó contratos con Over Marketing, una empresa balear que organizaba actos, tomará declaración a dos ex altos cargos de la Consejería de Sanidad: Jesus Roig, ex secretario general de este departamento, y Eloy Jiménez, ex director de Recursos Humanos.También citará al propietario de la empresa, Daniel Mercado.
La Asociación Contra la Corrupción de la Comunidad Valenciana, autora de la querella que investiga el juzgado de Instrucción número 3 de Valencia, detalla presuntas trampas en la adjudicaciones, cuyos responsables habrían sido estos dos altos cargos. Los consejeros en el momento en que se firmaron los contratos eran Serafín Castellano hasta 2003 y Vicente Rambla, que permaneció en el cargo hasta 2006. El magistrado toma nota de los datos y los citará para tomarles declaración.
El magistrado, que ha admitido a trámite la querella de la asociación, intenta despejar si en la concesión de adjudicaciones por importe de cerca de tres millones de euros, los responsables sanitarios incurrieron en los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación.
En enero de 2013, un informe de la Agencia Tributaria confirmaba el millonario negocio que la empresa del empresario balear —que se considera un antecedente de la red Gürtel— consiguió en la Comunidad Valenciana durante la etapa de gobierno del popular Francisco Camps. El documento de Hacienda, incorporado a la pieza separada del caso Palma Arena que investiga la supuesta financiación irregular del PP balear, explica que Over Marketing logró 2,94 millones de euros de la Generalitat entre los años 2003 y 2006.
Contratos negociados
El dueño de esta empresa organizadora de actos y eventos admitió ante el juez del caso José Castro que obtuvo contratos mediante amaños en la Comunidad Valenciana, Baleares, Madrid y Castilla y León, las cuatro comunidades gobernadas por el PP. Según la declaración de Mercado, uno de los métodos consistía en decidir que el contrato debía tramitarse de urgencia, lo que facilitaba la fórmula del contrato negociado sin publicidad.
El informe recogía además otros negocios menores con otras administraciones, como el Consorcio del Hospital General de Valencia o el Patronato Provincial de Turismo de Alicante.
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