La Generalitat blinda a los municipios ante la reforma local del Gobierno

La Generalitat quiere evitar los efectos que la reforma local aprobada por el Gobierno en enero está provocando en los municipios catalanes. El Parlament está tramitando la Ley de Gobiernos Locales de Cataluña, cuya aplicación debe frenar las consecuencias de la norma estatal porque la competencia de regulación municipal está amparada por el Estatut. Pero la ley catalana está tardando más de lo previsto -debía estar a punto para el verano- y por ello el Ejecutivo catalán ha aprobado hoy un decreto de urgencia que blinda a los municipios hasta que la ley catalana de Gobiernos locales sea ratificada.

La ley estatal fue aprobada en enero y, pese a que está siendo muy cuestionada (el Consejo de Estado dudó de su constitucionalidad, y el Tribunal Constitucional tiene sobre la mesa nueve recursos, uno de ellos de Cataluña) los municipios ya notan sus efectos. Según el Gobierno catalán, algunos consistorios dudan en si pueden continuar con competencias que venían efectuando hasta ahora por miedo a incumplir la ley.

La norma, aprobada con los votos de PP y PNV, incrementa el poder de las diputaciones sobre los municipios pequeños y supedita muchas de las decisiones de los alcaldes al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. La ley estatal ha suscitado el rechazo de las dos entidades municipalistas catalanas, la Federació Catalana de Municipis y la Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM).

El decreto de la Generalitat, que será ratificado previsiblemente en julio, pone medidas para permitir a los Ayuntamientos seguir actuando como hasta ahora. "La Administración local puede tener la cobertura legal para seguir prestando los servicios que presta", ha celebrado Francesc Homs, consejero de Presidencia, que ha tildado la norma estatal de "disparate" porque, a su juicio, "ha roto los principios de subsidiariedad, proximidad y colaboración administrativa". El texto ratifica que los Consistorios podrán seguir ejerciendo las competencias que venían llevando a cabo hasta la puesta en marcha de la reforma y pone las herramientas para adaptar los convenios entre los Ayuntamientos y la Generalitat a los requisitos de la nueva norma. 

El decreto, además, subraya que los Ayuntamientos pueden asumir competencias que no sean ni propias ni delegadas siempre que sirvan para satisfacer una necesidad vecinal, que no dupliquen funciones con otra Administración y que disponga de suficiencia económica para hacerlas.