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Stop Desahucios demanda a la viceconsejera de vivienda

Muchos inquilinos de viviendas sociales no pueden pagar sus rentas porque las revisiones de ingresos y cuotas se producen cada cinco años

El País

Las plataformas Stop Desahucios de Alava, Gipuzkoa y Bizkaia presentará una denuncia por un delito de prevaricación contra la viceconsejera de Vivienda del Gobierno Vasco, Covadonga Solaguren, por "incumplir" una instrucción de su departamento sobre rentas de la sociedad pública Alokabide. La denuncia se presentará el miércoles en los juzgados de Vitoria por las tres plataformas. Estas asociaciones denuncian que muchos inquilinos de estas viviendas no pueden pagar sus rentas fijadas porque las revisiones de ingresos y cuotas se producían cada cinco años y en ese período mucha gente ha perdido su trabajo o ha reducido sus ingresos. Además, en esas rentas no se tenían en cuenta los gastos de comunidad y las tasas que deben pagar los inquilinos al margen de la renta de alquiler.

El Gobierno Vasco, ha explicado un portavoz de Stop Desahucios de Alava, aprobó una instrucción el pasado año que pretendía hacer frente a esas reducciones drásticas de ingresos estudiando los casos que se presentasen para reducir las rentas. Pero esta plataforma considera que dicha instrucción, además de tener "muchas restricciones", no está cumpliendo con su función dado que las direcciones territoriales de Vivienda del Gobierno Vasco son las que emiten las resoluciones y las denegaciones que se producen para actualizar a la baja las rentas no se motivan y no se pueden recurrir por los afectados.

Deberían dejar presentar los recursos a sus decisiones"

"Deberían permitir la posibilidad de presentar recurso frente al la viceconsejería de Vivienda", ha explicado el portavoz. Por ello, han decidido denunciar por prevaricación a Solaguren, por no respetar la instrucción de su viceconsejería y por no permitir que se recurran las denegaciones, lo que genera indefensión en los afectados. Además, ha recordado que la viceconsejera de Vivienda es vicepresidenta del consejo de administración de Alokabide y ha criticado que "está permitiendo que se emitan escritos de denegación sin respetar el propio procedimiento y no permitiendo que los interesados sepan por qué se le deniegan (las revisiones) y las razones".

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