EL TSJ se declara incompetente para juzgar el delito fiscal de Alperi

El supuesto delito fiscal del exalcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, se juzgará en Alicante. La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) se ha declarado no competente para investigar y juzgar al exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi por presunto delito fiscal tras su renuncia el pasado mes de abril a su acta de diputado popular en las Cortes Valencianas y ha enviado la causa, en un auto del 9 de junio, a los juzgados de instrucción de Alicante.

Los juzgados investigan si Alperi pudo cometer fraude en los años 2007, 2008 y 2010 en el pago del Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) en una cuantía que excede en cada ejercicio los 120.000 euros.

El tribunal ha acordado que la causa regrese a Alicante después de que en el procedimiento no quede ningún aforado --tras la renuncia de Alperi--, y antes de que se haya realizado algún acto propio de la fase de juicio oral.

Al respecto, los jueces han recordado que en la actualidad no solo no están resueltos la totalidad de los recursos planteados frente al auto de apertura de juicio, sino que todavía no se ha concedido a quienes ostentan la condición de parte pasiva de este procedimiento plazo para presentar escrito de defensa frente a las acusaciones formuladas.

El pasado 1 de marzo, el magistrado del TSJCV Antonio Ferrer acordó la apertura de juicio oral contra Alperi y contra tres empresarios --Antonio M.R., Antonio S.Y., y Javier P.L.-- por los mismos delitos. Se determinaba como órgano jurisdiccionalmente competente para el enjuiciamiento y fallo de la causa a la Sala de lo Civil y Penal del tribunal, al estar Alperi aforado.

Tanto Fiscalía como el Abogado del Estado habían solicitado la apertura de juicio oral contra estos procesados. En concreto, el ministerio público acusa a Díaz Alperi de tres delitos contra la Hacienda Pública y de uno de cohecho, y le reclamaba una fianza de 1.600.000 euros.

Así mismo, Fiscalía acusa a Antonio M.R. y a Antonio S.Y. de tres delitos contra la Hacienda Pública y les solicitaba una fianza de 1.000.000 euros y de 600.000, respectivamente. Y también acusa a otro empresario, Javier P.L. --quien permitió el amarre de la embarcación de Alperi--, de un delito de cohecho.

La causa partió de una denuncia interpuesta por la Fiscalía Superior contra Díaz Alperi en la que el ministerio público --basándose en un informe de la Agencia Tributaria-- ponía de manifiesto pagos dudosos avalados por tres sociedades en los ejercicios 2007, 2008 y 2010 que podían constituir tres delitos contra la Hacienda Pública, así como de falsedad en documento mercantil.

En el caso del ejercicio de 2007, y en relación con una operación de crédito de 942.678 euros relacionada con el exalcalde y dos de los empresarios, presentaba la "apariencia" de tratarse de una operación "totalmente simulada" que en la medida que le ha determinado un aumento patrimonial no justificado, llevó a Hacienda a considerar, tras una investigación, que procedería realizar una regulación en la declaración del IRPF por 405.351 euros.

Un catamarán bajo sospecha

Sobre 2008, los hechos giran sobre la adquisición de un catamarán --'Akra Uno'-- por parte del ex primer edil valiéndose de una sociedad patrimonial, en la que parte del precio fue abonado por uno de los empresarios procesados.

Según el magistrado instructor, desde el momento en el que, de acuerdo con la investigación de Hacienda, la embarcación podría pertenecer a Alperi, que es quien la usa y asume sus gastos, --a lo que se une que la sociedad carece de actividad-- se debe considerar como una ganancia no declarada la aportación del empresario, que alcanzó los 264.500 euros y una necesidad de regularizar la cuota de 144.862 euros.

Esta situación se repitió en 2010 cuando, a través de la simulación de diversas operaciones de compraventa de participaciones de esta sociedad con la intervención del mismo procesado, se habrían producido nuevos pagos por tercero para la adquisición de la embarcación y el exalcalde facturó ingresos derivados de su actividad profesional a nombre de la entidad, lo que supondría ingresos no declarados de 308.209 euros y la necesidad de regularizar con Hacienda 132.468.