Matas y Solà afrontan una petición de cinco años por el desfalco de la ACM

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido cinco años y medio de cárcel para Josep Maria Matas y Xavier Solà por el saqueo de la Asociación Catalana de Municipios (ACM). El ex secretario general y el exjefe de los servicios jurídicos del ente municipalista ligado a CiU se embolsaron, presuntamente, alrededor de un millón de euros mediante facturas infladas y trabajos ficticios.

Más de dos años después de que EL PAÍS revelase el desfalco de la entidad, Matas y Solà se encuentran a un solo paso de sentarse en el banquillo de los acusados por los delitos de malversación de fondos públicos y falsedad documental. Matas y Solà —que habían ocupado diversos cargos públicos de responsabilidad en representación de Convergència i Unió— utilizaron el dinero desviado para comprar casas y coches de lujo, según el fiscal.

Como secretario general entre 1999 y 2011, Matas ostentaba un poder “omnímodo” del que se valió para lucrarse personalmente a costa de la entidad. El exdiputado de CiU y ex número dos de la Diputación de Barcelona empleó empresas “instrumentales” para perpetrar el fraude. En especial, Parés i Solé SL, que en cuatro años facturó a la ACM por una serie de servicios: revistas de prensa; encuadernación de directorios; publicación de libros y manuales, etcétera.

En algunos casos, señala el fiscal, esos servicios eran “prestados por terceros proveedores”, y no por Matas, que se limitaba a “incrementar ilícitamente el precio” pagado por la ACM y quedarse con la diferencia. En otros casos, los trabajos eran “total y completamente irreales”. “A esta mecánica se sumó posteriormente” Solà. El ex número dos del Departamento de Cultura, que mantuvo el apoyo del consejero Ferran Mascarell hasta el cambio de gobierno. El Gobierno catalán también ha mantenido un perfil bajo en este asunto y ha considerado que se trataba de un asunto que debía arreglar la ACM, afín a CiU.

En la última fase del saqueo, Matas logró “autoconcederse una retribución laboral desproporcionada” (273.000 euros en 2011), con lo que pudo prescindir de las sociedades pantalla y pasó a “embolsarse los fondos directamente como parte de su nómina”, razona el fiscal Emilio Sánchez Ulled. Matas se apropió de 771.000 euros mediante trabajos inflados y ficticios. El fiscal pide que indemnice a la ACM por esa cantidad, más el aumento salarial ilícito. En el caso de Solà, la cantidad malversada asciende a 189.912 euros. La cifra total del expolio ronda el millón.

El escrito detalla el destino dado a todo ese dinero. Matas lo utilizó para formar “un significativo patrimonio inmobiliario” y para “la compra de vehículos de alta gama para su exclusive disfrute”. Solà no le anduvo a la zaga: con el dinero robado, se pagó una segunda residencia en Cadaqués.

La ACM, recuerda el escrito, es una agrupación voluntaria de municipios y comarcas que se define como “nacionalista”. Desde que estalló el escándalo, ha mantenido una actitud pasiva y no ha reclamado las cantidades presuntamente desviadas. “Curiosamente”, remacha el fiscal, el presidente de la “entidad perjudicada”, Miguel Buch, “dejó de poner en conocimiento de la Fiscalía” las devoluciones de dinero que hizo Matas tras saberse investigado para diluir su responsabilidad penal.

El fiscal considera que la ACM se nutre de fondos públicos y por ello hay malversación. Por ese delito, pide una pena de tres años y seis meses, más otros dos por falsedad. Ante la posibilidad de que los jueces consideren que se trata de fondos privados, plantea una alternativa: que las penas sean por apropiación indebida. En este último caso, eleva la petición para Solà a los cuatro años de prisión.

La conducta de los dos acusados ante la investigación ha sido opuesta. Mientras que Solà ha defendido a capa y espada su inocencia, Matas ha optado por reconocer parte de los hechos y devolver el dinero presuntamente desviado a sus bolsillos con la vista puesta en una reducción de la pena. Por ese motivo, el fiscal aprecia la atenuante de reparación del daño, pero no la de confesión, ya que solo hizo “sutiles y sesgadas justificaciones” que “en ningún caso suponen reconocimiento expreso” del desfalco.