¿Camino público o camino privado?

El juez ha llamado a declarar a los propietarios de la finca Romanillos, situada entre Boadilla del Monte y Majadahonda, imputados en un procedimiento por el cierre al público de los caminos que atraviesan la parcela.

Unas vías, que aseguran los denunciantes, la Asociación de Anmigos de los Caminos de Majadahonda y el Ayuntamiento de Boadilla, usan los vecinos de forma habitual. Jacobo Hernando Fitz-James Stuart y Francisco Javier Fitz-James Stuart de Soto, dueños de la finca de unas 1.000 hectáreas, se enfrentan a un posible delito contra la ordenación del territorio, coacciones, desobediencia o usurpación.

El procedimiento se encuentra en fase de diligencias previas. También declararán este mes 42 afectados; y en calidad de testigos: el guarda de la finca, tres agentes del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil) y seis policías municipales.

La polémica, que se dirimirá en los juzgados, estalló en marzo pasado. Los vecinos se toparon con los accesos cerrados con candados, que días después aparecieron descerrajados. Los transeuntes habituales, —ciclistas, paseantes o jinetes—, consideran que esos caminos son suyos, de titularidad pública. Previamente, los propietarios habían adoptado otras medidas para impedir el acceso, desde un guarda, hasta carteles coercitivos, con la advertencia de que se estaba accediendo a una propiedad privada. En la actualidad, las puertas permanecen abiertas y los visitantes pueden usar las vías sin cortapisas.

Fuentes de Romanillos S.A., empresa que gestiona la parcela, destinada al aprovechamiento agrícola y ganadero, replican que ya han aportado al juzgado los estudios y documentos que demuestran que se trata de una propiedad privada. “El Ayuntamiento está intentando quedarse los caminos por la cara y eso no es así”, puntualizan. En su opinión, la equivocación proviene de la actualización de senderos que realizó el Catastro entre 2007 y 2008. “Pero que los caminos caigan por ese motivo en Boadilla no implica que sean de su propiedad, porque el catastro no es competente para ello, el único órgano que da la titularidad es el Registro de la Propiedad”, aclaran desde la sociedad.

En el polo opuesto, Miguel Ángel Ruiz, concejal de Urbanismo boadillense, piensa lo contrario, “nosotros seguimos manteniendo que son públicos”, sostiene. Desde que estalló el enfrentamiento, el Ayuntamiento se ha puesto manos a la obra y ha hecho unos deberes muy atrasados. “En ese periodo hemos dado los pasos para que los caminos sean públicos, para que estén en el registro de la propiedad, en el catasto y en el inventario”, aclara. La propiedad de Romanillos acepta la titularidad pública del cordel segoviano, —una vía pecuaria por la que tradicionalmente discurría el ganado trashumante— , que pasa por el norte de la finca. “Pero nadie sabe por donde va, ni se ha utilizado nunca, ni está deslindado, ni señalizado”, explican. El juez solicita al municipio y a los agentes del Seprona, en el mismo auto, información sobre posibles obras ilegales e invasión del dominio público, además de datos sobre cómo se encuentra la situación hoy.

El abogado de los afectados, Ramón González Bosch, muestra su satisfacción por el desarrollo del procedimiento. “Ya es hora de que alguien se preocupara del cierre de viarios de este tipo, que se produce por toda España”, declara. De momento, las puertas de Romanillos están abiertas, el juez determinará si siguen así.