La fiscalía pide que el anterior secretario general de UGT declare por el ‘caso ERE’

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la juez Mercedes Alaya, que instruye el caso ERE, que cite a declarar al ex secretario general de UGT en Andalucía Francisco Fernández Sevilla, así como a otros sindicalistas de esta central y de CC OO, por el ERE de la empresa Altadis que subvencionó en 2005 la Junta de Andalucía con 22 millones.

La fiscalía aclara en un escrito dirigido a la magistrada que Fernández Sevilla debe comparecer para evitar la prescripción de los delitos supuestamente cometidos en la tramitación de esta ayuda, en función del artículo 132 del Código Penal, el cual deja en el aire su imputación. Alaya debe decidir asimismo sobre la comparecencia de los dirigentes sindicales Blanca Uruñuela, Antonio Perianes y Francisco Figueroa, junto al exdirectivo de Altadis José Luis Relea, y cuatro testigos.

La petición de la fiscalía supone un salto cualitativo en el caso, dado que considera el ERE pagado por la Junta como una ayuda directa a empresa, aunque con apariencia formal de ayuda sociolaboral, una visión que ha defendido con ahínco la Junta. Eso sí, su tesis aún debe ser refrendada por la magistrada para que se traduzca en previsibles imputaciones. “Esta ayuda pudiera constituir una subvención a la empresa y no a los trabajadores ya que la obligación de pago legalmente corresponde a esta”, exponen los fiscales citando al informe pericial de la Guardia Civil al respecto. Durante los años de vacas gordas el Gobierno andaluz pagó el mayor porcentaje de los ERE, no solo para empresas en crisis, sino también para compañías solventes como Altadis o Heineken (22 y 17 millones respectivamente).

Esta consideración de Anticorrupción puede implicar que el mismo criterio se aplique consecuentemente al resto de empresas que evitaron el pago de parte de sus ERE, lo cual multiplicará las imputaciones de los empresarios, sindicalistas y políticos que cerraron las negociaciones de cada uno de los numerosos expedientes subvencionados por el Ejecutivo autónomo.

En este sentido, la fiscalía abunda: “Altadis asumió parte de sus obligaciones, sobre todo en el resto del territorio nacional [a diferencia de en Andalucía]”. Y para descartar la subvención como ayudas a los trabajadores, puntualiza: “Tampoco consta en el expediente estudio individualizado de cada trabajador salvo documentación remitida por el departamento de Recursos Humanos de Altadis a la Dirección General”. Anticorrupción censura que los criterios para determinar la financiación de los ERE, “tanto a la empresa elegida como los importes a financiar” fueron “totalmente discrecionales”.

La fiscalía había pedido a Alaya que formara piezas separadas para cada expediente de la causa porque entiende que de este modo la instrucción se haría más ágil, pero de momento la Audiencia no ha resuelto sobre este controvertido extremo.

Anticorrupción estima que deben ser imputados por esta ayuda a Altadis el director general de la agencia pública Idea Antonio Valverde, su antecesor Miguel Ángel Serrano, así como los ex directores generales de Trabajo Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, además de la técnica de la Consejería de Empleo María José Rofa. Todos ellos ya están acusados en el caso, pero ahora sumarían a sus acusaciones este nuevo expediente de Altadis cuya concesión los fiscales consideran irregular. El ministerio público también pide que se declare a los sindicatos CC OO y UGT como responsables civiles subsidiarios del ERE de la firma, ahora integrada en el grupo multinacional Imperial.

Al final del escrito, la fiscalía reclama por enésima vez el “importante refuerzo” que necesita el juzgado de Alaya, “con limitados recursos humanos y materiales”. El enfrentamiento de la fiscalía con Alaya es notorio y en el pasado la magistrada ya rechazó el refuerzo extra ofrecido por el Tribunal Superior de Justicia (TSJA).