El gobierno de Ourense salva al alcalde de pagar las aceras endosadas al Plan E

Los plazos rescatan el alcalde socialista de Ourense. La Junta de Gobierno local ha anulado la investigación administrativa sobre la acera de la casa de Agustín Fernández que debía pagar él pero que acabó endosada al Plan E, con la que pretendía dilucidar si el regidor estaba obligado a devolver el coste de la obra, tal y como reclamó el interventor municipal. La junta anuló la revisión por “haber transcurrido más de cuatro años sin que se haya adoptado la declaración de lesividad propuesta” y porque considera “ajustadas al ordenamiento jurídico” las licencias. Es decir, caducó. El caso fue destapado el 20 de marzo y casi un mes después, el 15 de abril, expiraba el plazo para reclamar el dinero, sin que durante esas semanas se concluyese el procedimiento.

 La oposición considera que el gobierno estiró los plazos a propósito para beneficiar al alcalde. El PP denuncia que “han dejado caducar deliberadamente” el expediente de reintegro “dando carpetazo para no pagar”, por lo que anuncian que trasladarán lo sucedido a la fiscalía a fin de que lo investigue. “La chulería del alcalde no tiene límites”, aseguran los populares. El Ayuntamiento destaca “la agilidad de la tramitación desde que el PP planteó la denuncia hasta que fue resuelto” y defiende la decisión por un informe del jefe de servicio de licencias que considera finalizado el período de cuatro años en el que se puede efectuar la reclamación. Por la tarde, y tras ser difundido el acuerdo, el alcalde anunció mediante un comunicado que “renunciará a la caducidad del expediente para facilitar su reapertura y para mostrar su buena fe”.

Agustín Fernández había depositado, cuando todavía no ocupaba cargos políticos, un aval bancario porque la licencia de ocupación de su casa quedó condicionada a la ejecución de la acera. Pero una Junta de Gobierno de 2009 aprobó, con el voto de Fernández incluido, la reurbanización de su calle. Otra Junta de Gobierno posterior, en la que sí se abstuvo, ordenó devolverle el aval tras un informe elaborado por un técnico municipal miembro de la ejecutiva local del PSdeG. Pero, el pasado mes de marzo, el interventor emitió otro informe reclamando al regidor el pago de 27.996 euros por la urbanización de su casa sufragada con el Plan E. En el escrito, el funcionario llegaba a denunciar un “menoscabo de fondos públicos” por una “gestión urbanística negligente”.

Mientras, el pleno municipal convocado hoy tratará otra reclamación monetaria. El anterior alcalde socialista, Francisco Rodríguez, pagó 483.000 euros por un inmueble ruinoso del casco histórico de la ciudad, pero lo hizo sin comprobar la propiedad de los vendedores. Tres años después, el Juzgado de Primera Instancia número 1 tumbó la operación porque los vendedores en realidad no eran los propietarios del edificio en el que el gobierno local pretendía ubicar un centro de formación. El notario que registró la venta detalló en la escritura, a la que ha accedido este diario, que el exalcalde y los falsos propietarios “renunciaron expresamente a la información sobre el titular de la finca” e incluso les advirtió de que “prevalecía la situación registral anterior” a la que iban a formalizar. En aquella misma reunión, celebrada el 20 de enero de 2010, el exregidor entregó a los vendedores, herederos indirectos del arquitecto Daniel Vázquez Gulías, 13 cheques por la mitad del importe de la operación. La otra mitad fue pagada meses después.

La operación inmobiliaria no pudo ser cerrada aquel día ya que uno de los herederos, José Ignacio Parada Vázquez, magistrado de la Audiencia Nacional, no participó en ella. El Ayuntamiento acudió a los tribunales para reclamarle su parte, pero perdió la demanda al destapar el juzgado que los vendedores a los que habían pagado no eran los propietarios.

 Cuatro años después, el edificio -un viejo colegio concertado de 800 metros cuadrados- continúa sin uso algo, en estado ruinoso y el pleno municipal debatirá una moción presentada por el grupo político de la oposición Democracia Ourensana para reclamar la inmediata devolución del dinero a las arcas públicas.