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El fiscal ve injustificados los pagos a la esposa de Oriol Pujol en el ‘caso ITV’

Unas “simples notas manuscritas” no sirven para aclarar si hubo soborno

Anna Vidal, esposa de Oriol Pujol.
Anna Vidal, esposa de Oriol Pujol.

La Fiscalía Anticorrupción considera que Anna Vidal, esposa del dirigente nacionalista Oriol Pujol Ferrusola, no ha justificado los pagos que recibió de uno de los empresarios implicados en el caso ITV. En un escrito, el fiscal pone en duda la documentación aportada por Vidal y las explicaciones que dio en su declaración como imputada por soborno, un delito por el que también está encausado el ex número dos de Convergència, diputado en el Parlament y marido de Anna Vidal.

La defensa del matrimonio remitió al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que investiga el caso, unas “anotaciones” que pretendían avalar la relación profesional entre Sergi Alsina —amigo de la familia— y Vidal. En 2008, el empresario pagó a la mujer 46.400 euros. La defensa sostiene que cobró esos honorarios por tareas “asesoramiento” en la compraventa de dos compañías logísticas. La Fiscalía, por el contrario, sostiene que ese dinero es fruto de un soborno con el que los empresarios del caso ITV gratificaron a Pujol por haber favorecido sus intereses en la tramitación de la Ley de Seguridad Industrial. La ley, aprobada en 2008 por el tripartito, dibujó un nuevo marco jurídico en el negocio de las ITV.

“Unas simples notas manuscritas son incompatibles con un trabajo bien elaborado para una firma de prestigio y no justifican una retribución de 46.400 euros”, expone el fiscal en respuesta a un escrito de la defensa, que había recurrido la decisión del juez instructor de investigar el patrimonio familiar. “Sorprende que no haya contrato” y que Vidal “no haya redactado un informe sobre las conclusiones a las que hubiere llegado por su trabajo”, insiste el fiscal. La información “verbal” que proporcionó a las empresas “no se corresponde con la importancia de las operaciones”.

En un auto del pasado mayo, el magistrado Enric Anglada acordó averiguar si Pujol y Vidal percibieron “ingresos irregulares y ajenos a su actividad profesional” entre 2007 y 2009. En una nueva resolución, del pasado lunes, el magistrado rechaza el recurso de Pujol y concluye que la prueba es “pertinente, necesaria, adecuada y proporcionada” para aclarar si hubo soborno. La “dificultad de poder probar la comisión de estos delitos”, razona Anglada, obliga a realizar pruebas “un poco más invasivas”. La “necesidad” de indagar el patrimonio tiene aún más sentido, añade, porque Vidal admitió en su declaración que no existía “ningún tipo de contrato firmado” con el empresario.

La “gravedad” del delito y su “trascendencia pública” también justifican el rastreo de las cuentas, ya que Pujol es diputado “y tiene, por tanto, un plus de exigencia en sus actos públicos”. La sociedad, razona el juez, “tiene el derecho a que se investigue el comportamiento supuestamente delictivo de uno de sus representantes, utilizando si fuera necesario diligencias de investigación más contundentes”.

El juez da la razón al fiscal, que en su escrito va más allá en las valoraciones. “Si los testigos hubieran dado unas explicaciones mínimamente aceptables sobre los correos electrónicos”, tal vez no habría hecho falta investigar el patrimonio, reprocha Fernando Maldonado. El fiscal alude, en especial, al correo de un empresario sobre una supuesta reunión con Pujol: “Harán campaña mediática y, aunque no mandan [CiU estaba en la oposición en 2008], piden 30.000 euros!!” Además de soborno, Pujol está imputado por tráfico de influencias en la trama que, presuntamente, intentó amañar concursos públicos de estaciones de la ITV.