El interventor no halla ilegalidades, pero pide mayor control en las cuentas de Rivas

Rivas-Vaciamadrid encargó un informe a la intervención municipal para aclarar si existían irregularidades en la gestión de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) desde su creación en 2003 a finales de 2012. La investigación se elaboró a raíz de un informe de la Cámara de Cuentas, que desveló que no existía control interno en la EMV, además de advertir de un desajuste contable de 20,9 millones, debido al cambio de valoración de una parcela, entre otras irregularidades. Como consecuencia, se desató una gran bronca interna en el equipo de gobierno IU, que ha dejado por el camino al anterior alcalde Pedro Masa, sustituido por su oponente del mismo grupo, Pedro del Cura.

Los técnicos municipales concluyen que los trabajos de los auditores que fiscalizaron las cuentas de la EMV entre 2008 y 2012, reflejan la imagen fiel de la empresa. A pesar de ello, recomiendan introducir un control financiero, y que se cumpla el principio de sostenibilidad para poder hacer frente a los gastos presentes y futuros, y así poder pagar las deudas comerciales en 30 días.

Consideran también necesario “un efectivo control de la EMV” por la intervención municipal, forme o no parte de los órganos de gobierno de la sociedad. Asimismo, “sería conveniente”, recomiendan, reforzar el control jurídico e integrar en los órganos de la EMV un letrado asesor, al margen del secretario del Consejo de Administración.

En cuanto a los contratos menores, manifiestan la necesidad de una nueva redacción, para ajustarlos al artículo 137 de la Ley de Contratos del Sector Público, que exige la elaboración de un pliego con las características del contrato cuando sean superiores a los 50.000 euros. La EMV los limita por su cuantía, inferior a 149.999 euros, en el caso de obras, e inferior a 49.999 en el caso de suministros y servicios. “No se pronuncia sobre su contenido”, más allá de que el consejero delegado puede adjudicar directamente el contrato.

El informe concluye también que la empresa contratada por el Ayuntamiento para gestionar la EMV (Habyco) debe abonar el coste del alquiler de un local propiedad de Covibar, en caso de que se demuestre que no lo ha hecho. El documento será elevado al pleno para su examen, una vez pase la fase de alegaciones.

Todavía queda por resolver la denuncia, admitida a trámite, que interpusieron dos ediles de IU, José Manuel Castro y Sira Abad, contra la corporación municipal y la EMV.