La Generalitat se atasca frente al desbarajuste de las emisoras ilegales

Las ondas de radio valencianas son un caos: casi tres de cada cuatro emisoras que operan en el territorio lo hacen sin licencia y la acción administrativa resulta inútil. El mejor ejemplo del embrollo que reina es una sentencia firme del Tribunal Supremo a inicios de 2014. Decretó el cierre definitivo e impuso una multa de 130.000 euros a La Mega Radio, una cadena que emitió durante 20 años sin licencia en Valencia y que llegó, a casi todos los efectos salvo por la licencia de emisión, a ser una empresa legal.

Inscrita en el registro mercantil, contrató publicidad, cubrió hasta actos oficiales de la Generalitat, tuvo casi 10 trabajadores de alta en la Seguridad Social, medio centenar de colaboradores y picos de audiencia de 285.000 oyentes. Sus antiguos propietarios aseguran que intentaron regularizarse y desde la Generalitat dudan incluso que se haga efectivo el pago de la multa.

En la Comunidad Valenciana hay 400 emisoras sin licencia, según la Generalitat. “Es un desbarajuste, sobre todo desde el punto de vista de cómo se otorgan las licencias”, indica el abogado Jaime Rodríguez, del despacho madrileño Díez & Romeo, con una cartera de clientes tanto de radios comerciales como de las que operan sin licencia. Las radios legales protestan por las interferencias que generan las piratas y por el trozo de la tarta publicitaria al que estas acceden.

En empresas con licencia de renombre nacional incluso confiesan que es tal el descontrol administrativo que están empezando a plantearse la invasión de zonas del dial para las que no tienen licencia. Pero es un problema más complejo: “Muchas de las piratas no deben considerarse ilegales. Son alegales, ellas quisieran ser legales”, explica el letrado Rodríguez.

En la Comunidad Valenciana existen unas 400 emisoras sin cobertura legal

En la Comunidad Valenciana, el tercer foco de emisoras irregulares tras Canarias y Andalucía, hace 16 años que no se resuelve un concurso autonómico de frecuencias. A la pregunta de por qué no se regularizan, en la Administración valenciana se escudan en que “para convocar concursos es necesario que la Administración central haga un mapa de frecuencias para que la Generalitat las distribuya”.

Desde la resolución del último gran concurso de frecuencias de la Generalitat en 1998, ha habido dos grandes convocatorias, ninguna resuelta: una en 2006 que la Administración decretó nula a los cuatro años, al haberse quedado desfasada con la nueva Ley Audiovisual de 2010; otra en 2011, hoy todavía no resuelta “y con los plazos vencidos”, señala Rodríguez. No se resuelven los concursos , pero, por ejemplo, sí se otorgan frecuencias. La última en Catarroja, la 93.1 MHz, de la que disfruta la COPE desde abril de 2012.

“En el 2006, la Generalitat”, continúa el letrado, “pidió avales para un proceso serio. Pero nunca licitó mientras todas las empresas devengaban préstamos e intereses con los bancos. Las comerciales pueden aguantar, pero para la radio independiente que quiera regularizarse es un desembolso titánico. En muchos casos las empresas perseguidas por la Administración son las que concurren para obtener las licencias”.

El fenómeno no está siendo contenido, ni abordado con pragmatismo a tenor de los números. En 2004, la Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC agrupa a la SER, Onda Cero y COPE), calculó que en la Comunidad Valenciana había 318 emisoras sin licencia, muy por delante de Madrid (144) y Cataluña (183). Atendiendo a las cifras de la Generalitat, hoy hay unas 80 más. Y eso que desde 2009 la Administración dio el aviso de cierre a 45 que acabaron acatando la orden. Sentencias como la de la Mega Radio solo se dan cuando la propiedad de la empresa se niega al cierre: desde 2006, son nueve fallos semejantes del Tribunal Supremo.

La Administración no confía en cobrar las multas que impone

Pero incluso con las sentencias, no se resuelve el problema. El cobro de los 130.000 euros de multa a la Mega Radio es dudoso. La Generalitat no confía mucho en el cobro de multa y Rodríguez, cuyo despacho defendió a la empresa, apunta a que generalmente estas mercantiles acaban en manos de sujetos insolventes. En el caso de la Mega Radio, atendiendo a su ficha empresarial en la agencia Axesor, en 2013 hubo una declaración de insolvencia y el pasado día 15 se decretó el pago fallido, es decir, que no hay bienes que reclamar. La dirección del domicilio comercial que indica aparece en unos invernaderos cercanos a Benifaió, inmersos en un mar de campos de La Ribera Alta. Fuentes del sector apuntan que opera desde Madrid y que en sitios como Alicante puede escucharse en las radios de una cadena de gimnasios.

La solución para Jordi Monsonís, antiguo gerente de Activa FM, emisora con una sentencia de cierre de 2012 y que todavía emite, es un sistema “más razonable”. Monsonís señala que las directivas europeas establecen que “si existen frecuencias libres, se solicita y si no causa interferencia, se autoriza la gestión y se impone un canon”. Las propias cadenas con licencia, sostiene, incumplen los proyectos con los que ganan las licencias superando la potencia otorgada. A la AERC no le constan casos así, “aunque teniendo en cuenta la impunidad con la que existen las ilegales puede ocurrir que alguna legal estuviera tentada de operar sin licencia en alguna cobertura para defenderse de alguna ilegal”, se defienden desde el gabinete de comunicación de la AERC.

En la Generalitat continúa el atasco frente al problema. Además, la Secretaría Autonómica de Comunicación está vacante tras la dimisión de Lola Johnson en el cargo por su imputación en la desastrosa gestión de RTVV junto a otros cuatro exdirectivos de Canal 9 y Ràdio 9. Aunque, de momento, sus competencias han recalado en una dirección general existente.