La nueva Ley Municipal abre una vía para suavizar los límites de la estatal

Desde la creación de la figura de los vicealcaldes, hasta importantes obligaciones en materia de transparencia, pasando por el establecimiento de financiación clara por prestar servicios. El primer documento de trabajo sobre la futura Ley Municipal vasca incluye un salvoconducto para que los ayuntamientos puedan asumir nuevas competencias o mantener aquellas que ya tenían y que la legislación estatal suprime en la reforma de la Administración local, cuya aplicación fue pactada por PP y PNV para Euskadi dotando de poder a las diputaciones forales.

El borrador, en cuyos cambios trabajan ahora los tres niveles institucionales de Euskadi, establece un mecanismo para asumir competencias más allá del listado estatal de competencias a través de dos informes. El primero, de la Diputación que corresponda al municipio en cuestión y, el segundo, de la institución que legalmente tenga atribuida la prestación del servicio —las propias diputaciones o el Gobierno vasco—. Los documentos serán vinculantes, por lo que en la práctica las instituciones de niveles superiores al municipal tendrán capacidad para vetar esa asunción de competencias.

El documento base del futuro proyecto de Ley Municipal recoge un listado de 40 competencias propias, similar a la nueva ley estatal de racionalización de la administración local (que ha sido cuestionada por el Consejo de Estado), pero redactadas de forma más genérica y con otras añadidas, como políticas de euskera, igualdad, participación, inmigración, juventud, cooperación y políticas de desarrollo económico y empleo. Los informes de las Diputaciones sobre la asunción de nuevas competencias tendrán que analizar si se genera una duplicidad de servicios o si ese cambio conlleva poner en riesgo la sostenibilidad económica de las arcas municipales. Este procedimiento, que según fuentes implicadas en la negociación se mantiene hoy en día en pie, es la vía para conseguir que el techo de competencias establecido en la legislación estatal para los municipios se convierta únicamente en la base sobre la que después sumar nuevas atribuciones de servicios para el nivel de la Administración más cercano a la ciudadanía.

Es el procedimiento establecido en el borrador para las competencias que el documento denomina complementarias, aquellas que los municipios apuestan por asumir para lograr una “mejora de la calidad de vida”. El documento establece otros dos tipos de competencias, las propias (ell listado de 40) y las delegadas (de otras instituciones que las ceden a los municipios con el visto bueno de estos, y que van acompañadas de una financiación concreta que, en caso de que no se pague, el Consejo vasco de Finanzas se encargará de retenerla a la institución deudora para sufragar los gastos).

En las competencias propias y delegadas, el borrador es firme y reclama garantizar la financiación. Pero no ocurre así en las complementarias, que tendrán que ser costeadas por las arcas municipales. Un cuarto tipo de competencias serán aquellas que en el futuro otorgarían leyes nuevas a los municipios, para lo que se requerirá un informe de impacto económico y un anexo con los recursos adicionales para las localidades.

Eudel queda reconocida como interlocutora con las administraciones

El documento base incluye la posibilidad de que las Diputaciones agrupen municipios en organizaciones más grandes como las mancomunidades o consorcios cuando haya servicios mínimos de un municipio que sean más caros del coste efectivo calculado por la Diputación, que también podrá disolver entidades locales menores.

El borrador abierto a cambios recoge la posibilidad de que en las consultas populares participen extranjeros y jóvenes de 16 y 17 años, y la habilitación de compensaciones para los altos cargos que no puedan volver a su trabajo hasta dos años después por la ley de incompatibilidades. También blinda en una disposición adicional a Eudel, reconociéndola como la asociación mayoritaria de municipios e interlocutora con el resto de administraciones. Para tratar temas relacionados con los municipios, la propuesta recoge ampliar la presencia de estos en el Consejo vasco de Finanzas, con un representante municipal por provincia que tenga voz y voto en algunos temas. Esto obligaría a cambiar la Ley de Territorios Históricos de 1983.

El borrador incluye un importante número de obligaciones de transparencia que forzarán a mostrar información de recalificaciones, adjudicatarios de sus contratos o retribuciones de los trabajadores. El plazo que se les da para aplicarlas es de hasta cinco años.