El PP impide que se fiscalicen los Ayuntamientos con cargos imputados

El PPdeG ha rechazado esta mañana una propuesta de AGE para que el Consello de Contas fiscalizase las corporaciones locales con dirigentes imputados en casos de corrupción y realizase una "auditoría sobre los servicios relacionados con las áreas en las que tienen responsabilidad los cargos públicos imputados". Esta propuesta, formulada por Alternativa Galega de Esquerda (AGE) en la Comisión Permanente no Legislativa para las relaciones con el Consello de Contas, ha contado con el apoyo de los grupos del BNG y del PSdeG.

En su intervención, el diputado de AGE Ramón Vázquez ha cargado contra los "datos espeluznantes" que indican que "cuatro de las siete ciudades gallegas tienen miembros de su gobierno local imputados", como es el caso de las ciudades de Lugo y Ourense (gobernadas por el PSOE), así como de Santiago y A Coruña (gobernadas por el PP). "En Galicia hay más de 26 ayuntamientos con cargos públicos imputados, las operaciones 'Patos', 'Pokémon', 'Manga', 'Campeón' u 'Orquesta' llenan las páginas negras de los periódicos, siendo los de Lugo y Santiago casos especialmente sangrantes, en donde prácticamente no quedan servicios sin privatizar", ha manifestado.

Vázquez ha considerado "imprescindible y urgente" auditar los municipios con imputados para "conseguir una mayor transparencia". "La corrupción en los ayuntamientos funciona como un engranaje perfecto, en el que los responsables públicos privatizan servicios a través de concesiones por las que reciben dinero y regalos", al tiempo que "emplean estas empresas como agencias de colocación de los amigos", ha advertido.

La diputada popular Herminia Pouso ha justificado el rechazo del Partido Popular a esta propuesta al asegurar que "en donde hay investigaciones judiciales abiertas se debe respetar y dejar actuar a la justicia, ya que está por encima del Consello de Contas".

"El Consello de Contas no tiene capacidad para juzgar, tiene capacidad para examinar y, si observa alguna anomalía, la deriva al órgano competente judicial", ha afirmado antes de insistir en "dejar trabajar al juzgado si está investigando".

Pese a la falta de acuerdo en este asunto, PPdeG, PSdeG, AGE y BNG han acordado, por unanimidad, que el Parlamento gallego inste a Contas a que fiscalice "los servicios públicos de las administraciones locales que se prestan en modalidad de gestión indirecta, es decir, aquellos externalizados o privatizados".

Según ha recordado Ramón Vázquez, el propio Tribunal de Cuentas en su "informe de fiscalización sobre el sector público local afirma que la gestión mediante concesiones resulta menos eficiente que la gestión pública municipal". Así, ha puesto como ejemplo el servicio de limpieza viaria que, conforme ha señalado, "resulta un 76 por ciento más caro cuando se privatiza".

Por otra parte, a propuesta del Bloque y del Partido Socialista, la Cámara gallega ha autorizado demandar al ente fiscalizador que realice un informe que analice la "evolución de la situación financiera de Sogama" y el grado de cumplimiento de la legislación en la gestión y tratamiento de los residuos. "Es necesario realizar un informe sobre la situación de Sogama que, además de auditar su situación, analice si la gestión de residuos se ajusta a los principios establecidos y si los programas de tratamiento cumplen los objetivos previstos", ha reclamado el parlamentario nacionalista Francisco Jorquera.

El diputado del PSdeG Juan Carlos González Santín ha asegurado que "la gestión de residuos de Sogama no es la adecuada" pues "es sabido que no cumple con los criterios marcados por la Unión Europea". Además, también ha cuestionado "su viabilidad presente y futura" pues, a su juicio, "se está viendo comprometida".

La diputada del PPdeG Herminia Pouso ha manifestado que los populares gallegos sí apoyan "recomendar al Consello de Contas el análisis y la evolución de la situación financiera" de esta sociedad ya que la última auditoria realizada data de "2004".

En esta comisión, el Partido Popular también ha aprobado pedir al ente fiscalizador que inspeccione los procedimientos de incorporación y bajas del personal en organismos públicos, así como su adecuación a la actividad de las respectivas entidades.

Esta propuesta, que ha contado con el apoyo del PSdeG tras ser incluida su demanda de estudiar también las bajas de personal, ha sido criticada por el diputado de Alternativa Ramón Vázquez, quien ha considerado que "detrás de ella se esconde la tijera" del Partido Popular.

Otras cuestiones propuestas y aprobadas por el Partido Popular han sido pedir al ente fiscalizador que mantenga, con "carácter periódico", el informe sobre la actividad económico-financiera de las entidades públicas que dependen de la Administración General de la Comunidad Autónoma, presentado por primera vez en 2006.

Además, tras autorizar por unanimidad y a propuesta del BNG, recomendar al Consello de Contas que aproxime la realización de sus informes al ejercicio fiscalizado, el Parlamento le ha instado "analizar la evolución temporal del endeudamiento de la denominada administración institucional en términos de contabilidad nacional, de su razonabilidad y su sostenibilidad".

Esta cuestión propuesta por el PPdeG ha sido también defendida, con matices, por la oposición, que ha denunciado su "aumento en los últimos años". Así, el diputado socialista González Santín ha especificado que, "todos los grupos coinciden en que es necesario analizar el endeudamiento de Galicia" pero "no solo en términos de contabilidad nacional". "Hay que hacer un análisis claro de toda la evolución de la deuda de la Administración autonómica pues, nos guste o no, todos los años se incrementa el presupuesto destinado a su pago mientras descienden los fondos destinados a mantener los servicios públicos", ha argumentado.

La Cámara autonómica pedirá al órgano que dirige de forma provisional Xesús Palmou, que realice un estudio del gasto farmacéutico en la Comunidad Autónoma y su evolución desde el año 2007, tras ser así propuesto por Herminia Pouso.