La crisis de Can Vies pone al alcalde Trias contra las cuerdas

La dimensión que están tomando las protestas contra el desalojo del centro social ocupado de Can Vies, en el barcelonés barrio de Sants, han doblegado al alcalde de Barcelona, Xavier Trias, que ayer ordenó la paralización de la operaciones de derribo de la nave para tratar de frenar el conflicto y reemprender las negociaciones con el colectivo okupa.

El Ayuntamiento era consciente que estaba desalojando un espacio con 17 años de historia y todo un símbolo para el movimiento y el barrio, pero no sospechaba que las reacciones de rechazo iban a ser tan contundentes ni tan extendidas entre ciudadanos, entidades sociales y partidos políticos. En las protestas diarias registradas desde el lunes han participado entre 2.000 y 3.000 personas y las muestras de solidaridad se han repetido con caceroladas en Sants y se han extendido por el resto de la ciudad y Cataluña.

La situación, además, empieza a mostrar síntomas de escapar al control de sos promotores. El propio colectivo de Can Vies admite que no se ve capaz de gestionar las protestas, porque la violencia también les ha superado.

“Quien se piense que este estallido social está pasando solo porque se ha desalojado Can Vies es ciego o no quiere ver nada”, aseguró ayer el portavoz de Can Vies, que se hace llamar Pau Guerra (Paz Guerra). El centro social estaba muy arraigado en el barrio y contaba con el apoyo de vecinos y de muchas entidades. Sants es un barrio obrero con un tejido asociativo muy articulado y una larga tradición cooperativista. Muchas de las reivindicaciones del barrio se han defendido desde Can Vies.

“En estos 17 años por Can Vies han pasado gran parte de nuestros hijos, sobrinos, nietos y en algunos casos nosotros mismos” explicaba Jordi Soler, miembro de la asociación de vecinos, en una carta abierta al concejal del distrito de Sants, Jordi Martí. “No sé dónde vive, pero seguro que no es en este barrio”, añadía ayer Marc, de la Asamblea de Sants.

El Ayuntamiento ya no tiene nada para ofrecernos”

El problema para el alcalde y su Gobierno es doble: por una parte tienen la difícil tarea de frenar los disturbios —que ya acumulan 71 detenidos— y por otra ha quedado en evidencia delante de la ciudadanía que ha abierto una caja de truenos que luego no ha sabido controlar.

Las asociaciones de vecinos condenan los actos violentos que se están produciendo en el barrio, pero no tienen ningún reparo en defender que el Ayuntamiento se ha equivocado con el desalojo. “Teníamos muy claro lo que podía a pasar”, lamenta Josep María Domingo, presidente de la asociación de vecinos. Cuando el Ayuntamiento se dio cuenta de la gravedad del conflicto empezó a mover todos los hilos para intentar llegar a los okupas y calmar los ánimos. Pero no lo ha logrado. De la misma manera que el actual Gobierno no tiene “suficientes antenas en el territorio” para prever las consecuencias del desalojo, tampoco las tiene para llegar a los okupas, según fuentes vecinales.

“La imagen de la excavadora ha dolido mucho al imaginario del barrio y ha marcado un antes y un después”, dijo Lluís Rabell, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB). “Si solo hubieran desalojado, sin empezar inmediatamente el derribo, sería diferente”, consideró Rabell. El martes por la noche —en el segundo día de protestas— los okupas le prendieron fuego a la excavadora, que estuvo quemando durante cuatro horas.

Al día siguiente de quemar la excavadora continuaron los trabajos de derribo y también las protestas que terminaron de nuevo con graves incidentes. El alcalde compareció e invitó a los okupas a dialogar pero dejó clara una condición: “No aceptaremos ni la violencia, ni los disturbios, ni el chantaje”.

La jugada no salió como se esperaba. Se mantuvieron los disturbios y el órdago del alcalde quedó al descubierto. El jueves —un día después de la advertencia— los vecinos de Sants organizaron una reunión con el objetivo de acercar posiciones entre el Ayuntamiento y los okupas pero no asistió nadie de Can Vies. Solo participaron los vecinos y el concejal del distrito. En el encuentro, los portavoces de las entidades pidieron al mandatar a Martí que al menos frenara el derribo de lo que queda de Can Vies. Por la noche se repitió la protesta —con unos 3.000 manifestantes— y también hubo disturbios aunque con menor intensidad. Aun así, ayer por la mañana el derribo se había parado y el alcalde repitió su voluntad de reprender las negociaciones. Pero para los okupas el derribo del centro social ha destrozado también el diálogo.

“El Ayuntamiento ya no tiene nada para ofrecernos que nos pueda interesar”, dijo ayer Pau Guerra, portavoz de los okupas. Y este es el gran muro con el que está chocando el Gobierno municipal. “Ni queremos ni necesitamos al Ayuntamiento”, añadió. El único objetivo que tienen ahora entre manos los okupas es, ni más ni menos, que volver a reconstruir el centro social.

Ante la amenaza del desalojo, los okupas presentaron al Ayuntamiento un proyecto para reformar el espacio, redactado por el colectivo de arquitectos La Col. “Tenemos arquitectos, albañiles y lo que haga falta”, explicaba ayer una persona del colectivo. “El espacio en el que estamos ahora mismo lo hemos hecho nosotros” aclaró Marc a un periodista que puso en duda su capacidad para poder reconstruir el espacio. La rueda de prensa se estaba realizando en Can Batlló, un complejo industrial recuperado por los vecinos después de ocuparlo. La convocatoria es para hoy a las diez de la mañana. Por la tarde se ha organizado una nueva protesta en la plaza Universitat. “Sabemos que la situación está desgastando al barrio y por esto estamos organizando movilizaciones fuera”, explicó Guerra.

El jueves la protesta se desplazó hasta la comisaria que los Mossos d'Esquadra en el barrio de Les Corts para rebajar la tensión en Sants y reclamar la puesta en libertad de los detenidos.

Desde el lunes, los Mossos d'Esquadra han detenido a 61 personas, que serán acusadas de desórdenes públicos, atentado a la autoridad y daños. Ocho de los detenidos tienen antecedentes y tres son extranjeros.

Los abogados de los detenidos han denunciado la violencia utilizada por la policía y que las detenciones fueron “indiscriminadas”. Andrés García, abogado de tres de los detenidos presentó ayer una querella contra un mosso  quien se habría identificado por su número, por haberle partido la oreja en dos a un joven al propinarle un golpe en la cabeza. Uno de los arrestados, de 30 años de edad, pasó a prisión provisional después de declarar ante el juzgado.