El TSJM da por cerrados los recursos contra la privatización sanitaria madrileña

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) da por finalizados los recursos de los sindicatos de médicos Amyts y AFEM contra la externalización de seis hospitales madrileños. El tribunal no condena a ninguna de las partes al pago de costas.

En unos escuetos autos fechados el pasado miércoles, la Sección tercera de la Sala de lo Contencioso administrativo acuerda "declarar terminado el presente recurso por pérdida sobrevenida de objeto", y además "no realiza condena en costas", en ninguno de los casos.

La asociación AFEM señalan que este auto pone punto final a sus recursos ante la sección tercera del TSJM, pero recuerdan que aún tienen pendiente otra demanda ante el Juzgado número cuatro. La resolución del TSJM se produce cuatro meses después de que el presidente regional, Ignacio González, anunciara la retirada definitiva del proceso de externalización el pasado 27 de enero.

Sin embargo, ambos sindicatos médicos decidieron mantener sus recursos por considerar que, aunque la Consejería de Sanidad acreditó haber acordado con Ribera Salud y Sanitas poner punto final al proceso, no tenían la "certeza" de que existiese un acuerdo definitivo con el grupo puertorriqueño HIMA San Pablo.

Para Amyts, los autos suponen la resolución definitiva de la Sala tercera que da por concluido los recursos "porque no tiene sentido mantener recurrido un proceso que ya está cerrado". Ambos sindicatos desconocen, sin embargo, cómo se cerró el acuerdo de Sanidad con HIMA, "no se va a saber qué pasó al final", en palabras del abogado de Afem, José Luis Muga, mientras que fuentes de Amyts señalan que les "consta que HIMA estaría reclamando los gastos en los que incurrió por participar en el proceso".

Muga ha recordado que su otro recurso ante el Juzgado número cuatro "no se ha finalizado ni por el juez ni por AFEM" y que en estos días recurrirá la decisión del titular de este juzgado de "declararse incompetente y enviar todas las actuaciones al TSJM". La demanda ante el juzgado era por "vulneración de derechos fundamentales de los pacientes y los profesionales sanitarios de los hospitales", ha explicado.