El largo recorrido de la corrupción

Durante su última etapa como consejero del Gobierno de Francisco Camps, Rafael Blasco fue el líder de una trama organizada para saquear fondos destinados a la ayuda de los más desfavorecidos y desviarlos en beneficio propio. Malversó dinero público, prevaricó, falsificó documentos oficiales y recurrió al tráfico de influencias para amañar adjudicaciones de su departamento. Para ello puso a su servicio la cúpula de la extinta Consejería de Solidaridad. Contó con la colaboración de funcionarios como Marc Llinares o del exsocio de su hermano Bernardo, el empresario Augusto César Tauroni. Los detalles están en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en tanto el previsible recurso al Supremo no altere el fallo, lo que parece poco probable. Como resumen, basta una valoración de los magistrados: la concesión de ayudas “fue una completa aberración”.

Todo ello ha trascendido después de que unos funcionarios se plantaran ante las presiones y las amenazas de Blasco de forzar los procedimientos administrativos para destinar dinero público a entidades afines. El exconsejero los sustituyó por personas de su confianza, que sacaron adelante sus planes (y que han compartido destino penal con el “director” de la trama, como considera la sentencia a Blasco). Las diputadas Clara Tirado, del PSPV, y Mireia Mollà, de Compromís, denunciaron a la fiscalía estas irregularidades en 2010, con el resultado anunciado por el Tribunal Superior de Justicia valenciano. Durante todo este tiempo, el exconsejero no solo negó los hechos, sino que denunció a medios como EL PAÍS por cómo difundió estas informaciones.

No se puede decir que la sentencia o la denuncia que motivó la investigación judicial al exconsejero hayan supuesto una sorpresa. La polémica acompañó desde un principio a las adjudicaciones de las consejerías dirigidas por Blasco, más allá de su sonada expulsión del Gobierno en su etapa de consejero socialista por las sospechas de que había aceptado sobornos. Ya en el PP, la sombra de la duda le acompañó en contratos multimillonarios o tramitaciones urgentes durante su etapa al frente de Bienestar Social (2000-2003). O cuando, durante su mandato al frente de la sanidad valenciana (2006-2007), resolvió concursos a favor de las empresas peor valoradas en contra de la opinión de los propios técnicos de la consejería (¿les suena?).

Por si estos antecedentes no resultaran suficientemente familiares, hay más. En todos estos episodios aparecen como protagonistas algunos de los condenados junto a Blasco. Tauroni, por ejemplo, era administrador de una de las empresas adjudicatarias en Bienestar Social. Además, en plena crisis por los contratos de Sanidad, trascendió que despachaba con Blasco en la propia consejería. Marc Llinares, condenado a cuatro años y seis meses, fue el elegido por el entonces consejero para sustituir al díscolo jefe de informática de Sanidad que se resistió a obedecerle (¿les vuelve a sonar la historia?). Reclutó a Llinares del departamento de Territorio, donde coincidió con Blasco como consejero (2003-2006).

Ahora, la fiscalía de Valencia –nutrida de documentación aportada por Esquerra Unida- ha puesto el foco en el tránsito de Blasco por los departamentos que dirigió antes de llegar a la consejería de Solidaridad, bajo el amparo de Eduardo Zaplana y el propio Camps. La pregunta del millón que se hacen los fiscales es: ¿desde cuándo arranca la trama? ¿Cuánto tiempo llevan juntos Blasco y Tauroni alimentándose presuntamente de fondos públicos?

De momento, a Blasco no se le puede acusar más que de haber abusado de su cargo durante la etapa al frente de la cartera de Solidaridad. Le corresponde a la fiscalía seguir arrojando luz a la trayectoria de este político. Y determinar si además de haber puesto fin a su carrera, también se ha acabado con la trama de corrupción política más longeva de la reciente etapa democrática.