Los datos de la caja negra del metro volcado no se borraron con la lectura

Un informe solicitado por la juez que investiga el accidente de metro ocurrido en Valencia en 2006 —en el que murieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas— certifica que el contenido de la caja negra de la UTA 3736, que descarriló en julio de 2006, no se borra al leerlos, como sostiene Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV).

La titular del juzgado de instrucción número 21 de Valencia, Nieves Molina, ha incorporado a la causa el informe de la mercantil Apoyo Industrial Ferroviario que, tras consultar con HaslerRail, fabricante de la Teloc 2.200, afirma que el aparato "no pierde los datos internos después del volcado de los mismos". La compañía precisa que existe la posibilidad de borrar su contenido aunque "esta opción depende de la decisión del operador del tren".

La Asociación de Víctimas del Metro-3J manifestó ayer que la información que la lectura de la caja negra “fue totalmente irregular” e insistió en que Domingo Alepuz, jefe de talleres de FGV en Valencia Sud "mintió cuando afirmó en su declaración que los datos se borraban". "Lamentamos enormemente que en la primera instrucción no se avanzara más en este sentido, cuando todavía se podía consultar la caja negra y verificar si realmente se habían borrado los datos y qué información contenía".

La lectura de la Teloc 2.200 o caja negra del convoy siniestrado en 2006 se hizo de forma poco habitual. El policía encargado de custodiar el aparato, vital para la investigación de lo sucedido, declaró el pasado febrero ante la juez Molina que fue la exgerente de FGV Marisa Gracia quien insistió después del accidente, de madrugada, en llevarse la caja a las dependencias de la empresa en Valencia Sud Sud para comprobar su contenido. Gracia alegó motivos técnicos.

Según la compañía, los datos solo podían extraerse desde otra unidad similar porque la Teloc tenía un sistema operativo desfasado. Con un ordenador portátil se transfirieron los datos a un disco, que fue insertado luego en el ordenador de un despacho de FGV, donde estaba instalado el programa específico de lectura de datos. El policía sacó fotografías de cada pantalla del ordenador y se quedó con el disco, relató al juzgado. Luego se llevó el disco a la Jefatura Superior de Policía de Valencia. Con la transferencia de datos, se borró el contenido.

La celeridad con que se extrajo el contenido de la caja negra del convoy accidentado en Valencia contrasta con los pasos dados por el juez Luis Aláez, que investiga el accidente del Alvia en Agrois (Santiago) de 2013, donde murieron 79 personas. Los registros quedaron allí bajo custodia policial y el magistrado procedió a la lectura seis días después con la presencia de todas las partes.

A lo largo de la investigación del accidente de metro de Valencia se han puesto de manifiesto dudas acerca de la velocidad a la que iban las dos UTA (Unidad de Tren Articulada) que formaban el convoy descarrilado. Por eso la asociación de víctimas lamenta que no se pueda verificar con la reapertura del caso.

La juez ha incorporado también al procedimiento el listado de averías, reparaciones y revisiones de la UTA 3714 —segunda unidad siniestrada que no volcó— hasta la la fecha del accidente. FGV manifiesta que "esta unidad seguía el mismo plan de mantenimiento que el resto de unidades de la serie". La instructora solicitó a la compañía pública de transporte que aportara los protocolos empleados para el cambio de cristales en el metro. "La información que se da sobre los cristales manifiesta que no había proyecto”, manifestó ayer la asociación.

Por otro lado, el exdirector de Seguridad en la Circulación Andrés Cortabitarte, ambos imputados dentro de la causa que se instruye por el accidente de Angrois, han rechazado este miércoles declarar ante el juez Luis Aláez, al igual que en jornadas anteriores habían hecho los restantes integrantes del Consejo de Administración citados por el magistrado.

La Asociación de Víctimas del Metro-3J han planteado, por su parte, la recusación del perito Andrés Cortabitarte. El exdirector de seguridad de Adif fue el autor del informe pericial del accidente. Las víctimas consideran que, dada esa situación, Cortabitarte puede incurrir en uno de los supuestos de recusación previstos en la ley. En concreto, el que prevé la exclusión de un perito que tenga "un interés directo o indirecto en la causa o en otra semejante". En el accidente de Santiago murieron 79 personas.