El fiscal acusa a un agente de montar un control falso para robar un alijo
Sostiene que concertó con narcos el asalto a dos traficantes a los que dio el alto La Udyco reventó la operación. Vigilaba al grupo desde hacía meses La fiscalía pide para Pérez nueve años de cárcel y multa de 170.000 euros
El robo de partidas de cocaína entre distribuidores es una vieja faceta de las bandas de narcotraficantes. Son conflictos que se saldan sin trascendencia pública si no acaba con víctimas mortales. En el último caso conocido, sin embargo, la estrategia empleada por los ladrones de coca se salió del guión habitual. La fiscalía acusa a un guardia civil de participar en el golpe montando un control policial falso.
El presunto ideólogo del plan era Marino Giménez Jiménez, de 27 años, de Amorín (Tomiño), hijo del dirigente gitano Olegario Giménez Salazar, Morón, mientras el papel de actor principal fue adjudicado supuestamente al cabo de la Guardia Civil Enrique Pérez Martínez, Kike, de 45, destinado en el puesto de Mos. Según la fiscalía, el grupo intentó llevar a cabo su plan por primera vez en la tarde del pasado 15 de enero, pero cuando ya estaban aparcados en el lugar de la cita, delante de un supermercado en Poio, una llamada del guardia frustró la operación. El cabo informaba, sostiene el ministerio público, que habían surgido problemas en el trabajo y que no podía disponer del vehículo oficial hasta el día siguiente.
A primera hora de la mañana del 16 de enero, el grupo volvió a desplegarse en Poio. Giménez iba de copiloto en un coche conducido por uno de sus hombres de confianza, Alfredo Iglesias Gómez, y su cometido, sostiene la acusación, era mantener comunicación telefónica con el cabo e informarle en tiempo real del movimiento de otro vehículo, en el que viajaban los vendedores de droga que iban a ser víctimas del robo, para que procediese al alto en el punto convenido. Sería entonces cuando se apoderarían de la droga. En otro vehículo, Alfonso Puch Castro, de 32 años, tenía encomendadas labores de refuerzo y vigilancia. Un hombre de Giménez, Marcos González Buján, se citó pues con los dos distribuidores de la zona de Pontevedra —Modesto Domínguez y Benito Otero—, fingiendo que iba a comprarles una partida de cocaína valorada en unos 60.000 euros, relata la fiscalía. González se subió al vehículo ocupado por los vendedores de la droga con el fin de acompañar a estos en el transporte de la cocaína, aunque en realidad su función consistiría en distraer el alijo cuando fueran parados por el control ficticio de la Guardia Civil. Según el escrito de acusación, entre las 8.30 y las 9.20 horas, el coche con la cocaína a bordo se desplazó por la autopista AP-9 desde Poio a Porriño para continuar por la carretera N-550 con dirección a Redondela, escoltado por el jefe de la banda que iba informando desde el coche al guardia civil sobre la posición del objetivo.
Al llegar los vendedores a la gasolinera de Mos, el cabo les dio el alto exhibiendo su arma reglamentaria. En ese instante todos ellos fueron rodeados por varios agentes de la Udyco, la unidad policial que investigaba al grupo desde hacía meses a través de pinchazos telefónicos. En el momento de su detención a Giménez se le intervinieron 3.650 euros y los dos móviles desde los que coordinó supuestamente la operación. En el registro de su chalé del barrio de A Pedra de Tomiño se encontró una pistola con el número de serie borrado, para la que carecía de licencia de uso y guía de pertenencia. También se halló más munición, un revólver de fogueo, tres navajas y 13 móviles, además de varios gramos de cocaína con un grado de pureza inferior al 30%, dosis de heroína de muy baja calidad y cannabis. El fiscal antidroga de Pontevedra Luis Uriarte acaba de presentar su escrito de acusación contra los detenidos y solicita elevadas penas como integrantes de una organización criminal. Para Giménez, pide 12 años de cárcel y nueve años y seis meses para el guardia Enrique Pérez, la misma que para González, y multas para cada uno de 170.000 euros. Para el resto de los detenidos, incluidos las dos víctimas del asalto, el fiscal pide penas de cuatro a siete años. En la misma operación fue detenido un segundo guardia que acompañaba a Enrique Pérez en el coche patrulla pero no se acreditó que tuviera conocimiento del plan delictivo y finalmente quedó fuera del proceso.
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