Fomento promueve la ampliación de la AP-9 a la vez que una autovía alternativa

El puente de Rande, el icono sobre la ría de Vigo de la principal vía de comunicación de Galicia, la Autopista del Atlántico (AP-9), contará con tres carriles por sentido en el verano de 2017. Será justo diez años después de que el expresidente de la Xunta Emilio Pérez Touriño anunciase por primera vez su ampliación. Para entonces, tras invertir en esa obra 144 millones de euros más IVA y en la ampliación de la AP-9 a su paso por Santiago otros 85 millones, a Audasa aún le quedarán 30 años de concesión de la vía en los que, como acordó con el Ministerio de Fomento, subirá los peajes un 1% anual más de lo previsto para recuperar lo gastado. Pero en paralelo a la ampliación de Rande, el mismo ministerio viene promoviendo una autovía gratuita alternativa a la AP-9 que, de salir adelante en su totalidad entre Vigo y Pontevedra, costará más de 700 millones.

La publicación ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por parte de Audasa de la licitación de las obras de Rande y Santiago no era más que el trámite que faltaba para lanzar una obra anunciada hace dos semanas en plena campaña electoral por la propia ministra, Ana Pastor. Su argumentación entonces, cuando la oposición denunció el anuncio por electoralista, fue que la actuación no la acometería Fomento sino una empresa privada. Porque es Audasa la que financia inicialmente la obra con cargo a su reciente emisión de bonos, pero serán los usuarios de toda la vía, no solo de los tramos que se amplían, los que deberán pagar después más peaje.

En su anuncio de ayer en el BOE Audasa fija varias condiciones a las constructoras que estén interesadas en realizar las obras. El importe del contrato no podrá ser revisado al alza una vez iniciados los trabajos y estos durarán un máximo de 30 meses, plazo al que hay que sumar los más de cinco meses que se tardará en resolver la adjudicación. Para cuando las obras terminen, a su paso por Santiago la AP-9 contará con tres e incluso cuatro carriles en algún tramo, mientras que en Rande se construirán sendas plataformas exteriores a ambos lados del puente actual para añadir un carril más en cada sentido, en principio, sin que los trabajos impidan seguir empleando mientras tanto el viaducto.

El puente de Rande comenzó a construirse en diciembre de 1973 y se finalizó justo cuatro años después, pero no entró en servicio hasta que en 1981 se terminaron también los tramos terrestres de enlace con Vigo y Pontevedra. A mediados de la pasada década el constante incremento del tráfico amenazó con colapsarlo, especialmente en verano, cuando supera los 70.000 vehículos diarios, muy por encima de lo que los expertos consideran un nivel de servicio aceptable para una vía de alta capacidad. Así que en 2007 la Xunta propuso a Fomento su idea para ampliar Rande por su incapacidad para acoger más tráfico.

Pero para entonces ya hacía tiempo —desde el último gobierno de Fraga— que se venía gestando otra idea, la de construir una vía que conecte directamente la ciudad de Pontevedra y la ría de Arousa con la Autovía das Rías Baixas (A-52) en diagonal, sin tener que pasar por Vigo. Desde entonces el trazado sobre el papel de ese vial se ha ido haciendo cada vez más complejo al tiempo que se ha acercado tanto a Vigo como para aspirar a convertirse en la práctica en una alternativa libre de peaje a la AP-9. Su tramo más septentrional será una circunvalación de Pontevedra que, precisamente por esa utilidad, es el que tiene más avanzada su tramitación. Tanto que ya genera protestas sociales por su impacto y coste, unos 80 millones de euros que no todos los vecinos consideran aceptable.

Hacia el sur la vía se dividirá en dos ramales: uno que enlazará directamente con la A-52 en Ponteareas y otro que se dirigirá hacia el aeropuerto de Vigo y que será el que en la práctica serviría de alternativa a Rande. Siempre sobre el papel, porque aunque Fomento publicita recurrentemente cualquier avance en el diseño de esta compleja infraestructura, la realidad es que la construcción de todos sus ramales requeriría de más de 700 millones de euros.