Un ecologista condenado a dos años por extorsionar a hosteleros de la Val d’Aran
El líder de la entidad Avalón pedía dinero a empresarios a cambio de no denunciar irregularidades y emitir informes favorables
El líder de la entidad ecologista Avalon, Carlos Montero, ha sido condenado hoy a dos años de prisión como autor de un delito continuado de extorsión a varios empresarios del sector hostelero y turístico de la Val d’Aran, a quienes exigía dinero bajo la amenaza de denunciar irregularidades en sus negocios.
El juicio, que estaba previsto que durara dos días, se ha resuelto en pocos minutos, ya que Montero, para quien el fiscal solicitaba inicialmente cinco años y tres meses de prisión, ha mostrado su conformidad con la rebaja de la pena pactada antes de la vista entre su abogado defensor y las acusaciones pública y particular.
Tras el acuerdo, la titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Lleida ha dictado de viva voz la sentencia que condena al dirigente de Avalón a dos años de prisión y a indemnizar con 10.000 y 8.000 euros a dos hosteleros del valle que denunciaron las supuestas extorsiones. El acusado no podrá comunicarse ni aproximarse a estos empresarios a menos de 150 metros durante dos años. En este caso, la juez ha aplicado la atenuante de dilación indebida, ya que los hechos fueron denunciados en abril de 2009.
El fiscal considera que Montero, de 58 años, fundó la entidad ecologista –actualmente sin actividad- con la finalidad de obtener un beneficio patrimonial ilícito. El acusado, para amedrentar a las personas a las que exigía dinero, comenzó a denunciar irregularidades administrativas en la construcción o rehabilitación de viviendas, que dieron lugar a actuaciones penales. Alguna de las personas extorsionadas llegó a pagarle 4.000 euros.
El fiscal sostiene que el acusado cometió diez delitos de extorsión a propietarios de cabañas de pastor en proceso de rehabilitación y a empresarios turísticos, especialmente dedicados al sector de la hostelería.
En agosto de 2008, el ayuntamiento de Vielha le pidió un dictamen medioambiental sobre una actuación urbanística en la antigua estación de esquí de La Tuca y él exigió a la constructora 4.000 euros a cambio de emitir un informe favorable.
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