El juez cita a un exconcejal del PP por el fraude de las depuradoras de Ourense

El funcionario de la Diputación de Ourense responsable del servicio de fondos europeos y exconcejal del PP en el Ayuntamiento de la ciudad, Javier Rodríguez Nóvoa, ha sido citado para declarar como testigo por el juez Antonio Piña, instructor de la demanda presentada por los grupos de oposición contra la institución ourensana por el fraude con las 104 depuradoras financiadas por Bruselas. Junto a Rodríguez Nóvoa, Piña ha citado también como testigos, “obligados a decir verdad”, a los representantes legales de las empresa SMA (la adjudicataria de las plantas de tratamiento que según los inspectores de la UE la Diputación concedió a dedo) y Net Global, grupo en el que se integra SMA al que la Oficina de Lucha contra el Fraude (OLAF) comunitaria sostiene que la Diputación “intentó favorecer”.

El juez da traslado de este procedimiento, convocado para el próximo 13 de junio, al abogado del Estado “por si le interesase personarse en el mismo”. Javier Rodríguez Nóvoa fue señalado el pasado mes de febrero por el único imputado hasta el momento en esta causa, el funcionario jefe del Servicio de Aguas y Medio Ambiente de la Diputación, Javier Bobe. En su declaración ante Piña, Bobe afirmó que recibió las indicaciones para redactar los pliegos de condiciones, que según la UE beneficiaron fraudulentamente a SMA ,en una reunión a la que asistieron el entonces presidente de la institución, José Luis Baltar, el vicepresidente en aquella época y actual delegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, y Rodríguez Nóvoa en su condición de jefe del servicio de Fondos Europeos. Bobe precisó además que Baltar resolvía las adjudicaciones, Martínez asumía la parte política y Rodríguez Nóvoa explicaba las características del proyecto.

La denuncia judicial es consecuencia de la investigación realizada por los técnicos de la OLAF. En el informe que realizaron constatan graves irregularidades “en la compra de las plantas depuradoras y en los contratos de las asistencias téncicas” por parte de la Diputación encaminadas “a favorecer a SMA”, motivo por el que Bruselas consideró necesario instar a la Justicia española para actuar ante los supuestos delitos de prevaricación, falsedad documental y tráfico de influencias, además de un supuesto fraude al presupuesto europeo por el destino de los 10,1 millones de euros de los planes Daredo y Deputrans. Bruselas descalificó las alegaciones que presentó contra su informe el hijo-sucesor de Baltar en las que concluía que la elección de SMA era fruto de una “evaluación teleológica”, dado que sus depuradoras –que buena parte de los alcaldes reconocieron que no encendían porque resultaban muy caras- generaban menos coste y menos problemas de gestión.