Los vídeos desmienten a Ausàs

La exhibición de una decena de vídeos ha dejado a Jordi Ausàs (ERC), exconsejero de Gobernación de la Generalitat y ex alcalde de La Seu d'Urgell, sin argumentos para seguir proclamando su inocencia ya que en ellos puede vérsele cargando cartones de tabaco de contrabando en el maletero de su coche. Según sostiene el fiscal del caso, Ausàs se dedicó al contrabando incluso cuando formaba parte del Gobierno catalán.

Ausàs ha sido juzgado esta semana en la Audiencia de Lleida junto con otras doce personas por los presuntos delitos de contrabando continuado de tabaco y pertenencia a un grupo criminal organizado, por los que el fiscal sigue solicitando para él y otros tres acusados una condena de seis años y cinco meses de prisión y una multa de 2,25 millones de euros. La pena para el resto de acusados oscila entre tres y cuatro años de cárcel. El juicio quedó ayer visto para sentencia.

El exconsejero negó el primer día del juicio los hechos. Sin embargo, en la última sesión del juicio de ayer, el fiscal desmontó su versión según la cual ni hizo contrabando ni conocía al resto de la banda, salvo a su mujer, que ha pasado de ser cómplice de un delito de contrabando a ser acusada de participación a título lucrativo, imputación que no conlleva pena pero sí responsabilidad civil.

Al menos en ocho vídeos realizados en días diferentes, entre el 26 de junio y el 8 de julio de 2012, por una cámara colocada en el interior del garaje donde la banda almacenaba el tabaco, se ve a Ausàs cargando en su coche particular varias cajas y bolsas de basura de grandes dimensiones. En dos de las grabaciones se ven claramente las marcas de las cajetillas que lleva en la mano.

Las defensas han intentado evitar hasta el último momento el visionado de los vídeos, aportados por el fiscal como prueba de cargo, alegando que en su obtención se vulneraron derechos fundamentales, entre ellos a la intimidad y a la propia imagen de los acusados. El presidente de la sala no accedió a esa petición, aunque en la sesión de ayer prohibió a los medios tomar imágenes para impedir su difusión.

Con anterioridad al visionado de los vídeos, un mando de la Unidad Territorial de Investigación de los Mossos d’Esquadra y secretaria de las diligencias, explicó que en el ordenador de Ausàs encontraron un documento Excel con anotaciones de marcas de tabaco, precios en Andorra, La Seu y Barcelona y los beneficios obtenidos con el tráfico. En una tarjeta manuscrita figuraba un pedido del 4 de febrero de 2010 —cesó como consejero en diciembre de ese año— a nombre de otro de los acusados, Miquel, de dos cajas de Winston y una de Camel, con un precio total de 3.410 euros y 335 euros de ganancia.

El fiscal mantuvo la acusación contra los procesados al considerar que formaban parte de un grupo criminal organizado en el que cada uno ejercía unas funciones específicas. En el caso de Ausàs, el fiscal lo considera un miembro “muy trabajador” dentro de la banda, ya que se ha demostrado que durante el tiempo que estuvo investigado acudía al almacén casi cada día, siempre por la noche, para cargar tabaco, unas veces con su coche Audi Q5 y otras con el Suzuki Vitara de su mujer, para llevarlo a su domicilio y de madrugada trasladarlo a Barcelona, donde otros dos acusados lo revendían.

El fiscal señala que tanto Ausàs como el brigada de la Guardia Civil que prestaba sus servicios como jefe en la aduana con Andorra de La Farga de Moles, acusado de introducir el tabaco desde Andorra, actuaron con la impunidad que les brindaba saber que los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad destinados en la zona no les pararían ni registrarían sus vehículos.

A pesar de que los Mossos d’Esquadra no intervinieron en los registros tabaco por valor de más de 15.000 euros, el fiscal ha mantenido la acusación por un delito de contrabando, castigado con una pena mínima de tres años de cárcel, al considerar que la actividad de la banda se prolongó en el tiempo. Sus integrantes procuraban siempre no mover tabaco por encima de esa cantidad que marca el límite entre la infracción administrativa castigada con una multa y el delito de contrabando.