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Alaya suma a la causa de los ERE los trabajos de la comisión parlamentaria

Los últimos imputados de la cúpula de Idea también se niegan a declarar

Antonio J. Mora
Un operario traslada al juzgado documentación de la Consejería de Educación.
Un operario traslada al juzgado documentación de la Consejería de Educación. PACO PUENTES

La juez Mercedes Alaya ha sumado 1.586 páginas al ya de por sí voluminoso caso de los ERE. La magistrada ha incorporado a la causa los trabajos “íntegros” que realizó en 2012 la comisión de investigación del Parlamento andaluz sobre el fraude. En el auto, Alaya justifica esta acción en que, durante la instrucción, “se ha aludido en varias ocasiones a las declaraciones efectuadas” en dicha comisión, celebrada a finales del mes de agosto de ese año. Dicha documentación será entregada como anexo a las “partes personadas en el procedimiento”.

Tras cinco meses de trabajo, la comisión de investigación finalizó con un acuerdo de mínimos entre los tres grupos parlamentario (PSOE, PP e IU). En cifras, se eliminaron 68 de las 196 conclusiones propuestas por la presidencia del órgano, en manos de IU. Y es en este acuerdo descafeinado en el que también la juez Alaya sustenta su última decisión. Según el auto, es “necesario” añadir al sumario dichos trabajos ya que la ponencia síntesis de la presidencia del órgano, remitida a su juzgado en noviembre de 2013, “no fue aprobada”. “Se hace necesario incorporar a las actuaciones los trabajos íntegros de la comisión parlamentaria, los cuales se encuentran relatados en el oficio remisorio y publicados en la página web del Parlamento”, argumenta Alaya en su escrito. Entre otras diferencias, finalmente, la comisión acordó señalar como responsables políticos del fraude al ex director general de Trabajo Javier Guerrero y al ex interventor general de la Junta Manuel Gómez cuando la formación de izquierdas responsabilizaba los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera.

La juez facilita “voluminosa” documentación bancaria a las partes
La Guardia Civil interroga a más funcionarios por los cursos

Pero esta no es la única información que Alaya ha puesto a disposición de las partes. La juez ha acordado facilitarles la “voluminosa” documentación bancaria que fue solicitada por la Fiscalía Anticorrupción y que ha sido entregada por la Guardia Civil en tres cajas, informa Efe. Según un oficio remitido al juzgado, se trata de información relacionada “con diversas personas físicas y jurídicas que estaban siendo objeto de investigación”. “Han sido necesarios numerosos productos financieros para esclarecer los movimientos y el uso dado a los fondos públicos que se concedieron mediante las diferentes ayudas otorgadas por la Junta”, precisa la Guardia Civil en su oficio.

En cuanto a las declaraciones de la cúpula de la agencia Idea, este viernes ha quedado constatada la estrategia del silencio. Una jornada más, cuatro imputados —entre ellos el exjefe del gabinete jurídico de la Junta Francisco del Río y el ex secretario general de Empleo Francisco García— se han acogido a su derecho a no declarar. Durante esta semana, el principal argumento dado por los acusados para negarse a contestar a las preguntas de la juez ha sido el de cuestionar la competencia de Alaya para continuar con la instrucción. La juez tiene pendiente tomar declaración, entre otros, al presidente de Unicaja, Braulio Medel, quien no pudo acudir porque su abogado tenía fijado un juicio. Lo hará el 5 de junio.

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Asimismo, Alaya ha confirmado las fianzas impuestas a seis imputados en el ERE del Hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga), entre ellos, dos sindicalistas de CC OO, el director del establecimiento y el responsable financiero de Hotasa, la división hotelera de Nueva Rumasa. La juez rebaja de 60.471 a 30.235 euros la fianza impuesta al director del hotel, Miguel Rodríguez Ortega; y de 60.471 a 31.066,77 euros la del director financiero de la cadena, Antonio Isla Barba. Para los sindicalistas José Cabrera y Gonzalo Fuentes, pide 60.471 euros.

Sobre el supuesto fraude en los cursos de formación realizados por UGT, caso que también instruye Alaya, la Guardia Civil continua con los interrogatorios a los funcionarios de la Consejería de Educación. Asimismo, este viernes se han trasladado al juzgado más cajas con la documentación encontrada en esta sede.

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Sobre la firma

Antonio J. Mora
Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS. Fue redactor en la delegación en Andalucía durante más de seis años y, actualmente, es portadista web. Licenciado en Periodismo por la Universidad de Málaga y Máster de periodismo de EL PAÍS, también trabajó en Diario Sur e Infolocalia. En 2009, ganó el premio nacional Alma de Periodista.

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