La izquierda aparca las enmiendas del PP a la ley de Transparencia

Todavía hay tiempo para que la ley andaluza de Transparencia Pública, la primera del pacto de gobierno de izquierdas que debate el Parlamento, salga aprobada con un amplio consenso, pero por ahora ese acuerdo no se vislumbra. La primera reunión de la ponencia parlamentaria, celebrada el martes pasado, hizo una primera criba de las enmiendas presentadas por los tres grupos y tan sólo cuatro de las 92 registradas por el PP se han incorporado, por ahora, al proyecto de ley.

Los populares han enmendado por completo el texto del Gobierno e incorporan un nuevo capítulo sobre el buen gobierno que afecta a los altos cargos de la Junta de Andalucía y a sus empresas públicas. Mientras que en la ley nacional este código ético, —con principios rectores que deben seguir los altos cargos— está regulado, en la futura norma andaluza se ha dejado atrás porque se pretende incluir en otra ley. En concreto en la del Estatuto de los Altos Cargos de la Junta de Andalucía, prevista en el acuerdo firmado por PSOE e IU, aunque sin fecha en el calendario legislativo.

Ese es el argumento que dio en su día el consejero de la Presidencia, el socialista Manuel Jiménez Barrios, en el debate de totalidad. El PP, por el contrario, cree que sin este capítulo la ley de Transparencia de Andalucía nace incompleta, mientras que Izquierda Unida no pone reparos a las peticiones de los populares andaluces.

Por el momento, IU (12 diputados) ha decidido no tensar la cuerda con sus socios socialistas (47 escaños). En la reunión de la ponencia no apoyó las enmiendas defendidas por el grupo popular, el mayoritario de la Cámara con 50 diputados, lo que hubiera dejado en minoría a los socialistas.

Las enmiendas del PP aceptadas hacen referencia a reforzar el papel de la Inspección General de Servicios, como pedían los sindicatos de funcionarios en las comparecencias de los agentes sociales. También se ha incorporado exigir más información de las causas y motivos por los que una ayuda pública puede tener carácter excepcional, un aspecto que también reclama Izquierda Unida.

De las 19 enmiendas presentadas por IU se han aprobado 14, de ellas nueve con el apoyo de los socialistas y cinco sólo con el respaldo del PP. IU ha incluido a las “iglesias, confesiones, comunidades” religiosas como entidades que deben dar información de las subvenciones públicas que reciban. También se ha incorporado al texto la obligación de dar a conocer no sólo las ayudas sino también “las desgravaciones y exenciones fiscales”, si bien no se ha admitido el de las bonificaciones a la Seguridad Social, por no ser una competencia de Andalucía. Las enmiendas de IU que por ahora no han superado el primer filtro son las que proponían eliminar el pago para obtener la información de las entidades.

Las 21 propuestas del grupo socialista, la mayoría de ellas de carácter técnico, se han aprobado todas.

El hecho de que más del 90% de las enmiendas del Partido Popular hayan sido rechazadas no quiere decir que se descarte el acuerdo. Así lo apuntan fuentes del PP y del PSOE. El martes próximo hay prevista una nueva reunión de la ponencia para redactar el dictamen de la ley. Fuentes del PP confían en que la negociación se mantenga hasta el último momento y creen posible un amplio pacto a tres bandas en el tiempo que aún falta hasta la aprobación definitiva de la ley, en el primer pleno del mes de junio. La posición de IU, receptiva a las iniciativas de los populares, es clave en este punto.

Fuentes del PSOE creen que “queda margen” para el acuerdo hasta que se redacte el dictamen. “Podemos coincidir en grandes cosas con el PP. Aunque las medidas de buen gobierno está prevista en otra ley, se está valorando incluirlas. No tenemos una posición cerrada”, añadieron.