La Guardia Civil interroga a funcionarios sobre los expedientes de formación

La Guardia Civil comenzó el pasado miércoles los interrogatorios a los funcionarios de la Consejería de Educación responsables de los fondos para la formación y el empleo. Al menos ocho funcionarios han acudido en los dos últimos días a las dependencias del cuartel de Eritaña en Sevilla para responder a los investigadores en condición de testigos.

De este modo, la última gran investigación que atañe a la Junta y que dirige la juez Mercedes Alaya, empieza a tomar cuerpo. Es el proceso lógico en la instrucción policial tras recabar la información documental llevada a cabo en semanas anteriores y esta semana, para conocer el modus operandi por el que se destinaban los fondos a las empresas de formación, sindicatos y patronal. Es decir, encontrar explicaciones lógicas o contradicciones en las versiones de los protagonistas que tramitaron los expedientes administrativos de la Consejería de Empleo, luego transferidos a la Consejería de Educación. La mecánica policial consiste en interrogar a los funcionarios de nivel bajo para luego ascender en los escalafones de responsabilidad en la consejería.

A las dependencias policiales acudieron una jefa de negociado y una jefa de unidad entre otros funcionarios, pero el tono de los interrogatorios no fue “especialmente duro”, según fuentes del caso. A pesar de que los interrogatorios es la consecuencia razonable en la causa abierta el pasado otoño y que ya fue publicada pese a que permanece secreta, la inquietud entre los funcionarios es generalizada, ya que el periodo que se analiza de concesión de fondo es muy amplio (al menos entre 2007 y 2013, con una suma de más de 2.000 millones concedidos).

Los agentes de la Guardia Civil que acudieron a la sede de Educación donde se almacenaban los expedientes en papel, se llevaron numerosa documentación, pero además precintaron la zona donde aún se conservan expedientes que la instrucción ha dejado en la consejería. Esto significa que el personal interino que Educación destinó a revisar todos los expedientes debe trabajar a partir de ahora solo con los expedientes que han sido escaneados anteriormente. Un portavoz de la Junta no aclaró ayer si este personal contratado seguirá desempeñando su labor para peinar los expedientes después de la intervención de la Guardia Civil, que dificulta o impide su trabajo.

La investigación de Alaya prosigue en paralelo a la del juez Juan Jesús García Vélez, que estudia los expedientes de UGT, y la que analiza la Fiscalía de Málaga tras el informe policial de 20 ayudas por 1,7 millones.

Por otra parte, la Fiscalía Anticorrupción pidió ayer en el caso ERE una fianza civil de 6,7 millones para Francisco Mencía, exdirector del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), que se acogió a su derecho a no declarar al igual que el exviceconsejero de Relaciones Institucionales Juan Carlos Soriano. Hoy está previsto que las declaraciones continúen, entre otros el exjefe de los servicios jurídicos de la Junta, Francisco del Río.