Imputado el alcalde de Santa Susanna por adjudicar a dedo servicio de basuras

Un juzgado de Arenys de Mar (Barcelona) ha citado a declarar como imputado para el próximo 10 de junio al alcalde de Santa Susanna, Joan Campolier (CiU), acusado de adjudicar a dedo el servicio de recogida de basuras a una empresa a la que también trató de beneficiar con una recalificación urbanística.

La imputación del alcalde, que en 2003 fue condenado a ocho años de inhabilitación por prevaricación, aunque logró el indulto parcial, deriva de una querella presentada por el fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo, Antoni Pelegrín, que le acusa de los delitos de revelación de secretos, malversación de caudales, concertación prohibida a funcionarios y prevaricación.

El fiscal dirige su querella contra el alcalde, el secretario municipal Miquel C., la concejal María Luisa Francisco, una interventora municipal, una técnica administrativa y los dos administradores de las empresas adjudicatarias del servicio de recogida de basuras de Santa Susanna (Barcelona).

Un juzgado de instrucción de Arenys de Mar ha acordado admitir a trámite la querella de la Fiscalía y ha citado a declarar para el próximo 10 de junio al alcalde de Santa Susanna y al secretario municipal.

La Fiscalía acusa al edil de haber revocado la delegación del servicio de recogida de residuos que tenía encomendado el Consell Comarcal del Maresme para adjudicárselo a dedo a la empresa Excavaciones, Transportes y Aridos Hermanos Alum, por un precio superior al que cobraba la entidad pública. La revocación del servicio prestado por el Consell Comarcal la aprobó el 2 de septiembre de 2011 por unanimidad el pleno del Ayuntamiento, sin que previamente se redactara un informe técnico sobre la conveniencia del cambio y antes de que el consistorio garantizara la contratación de un nuevo adjudicatario. De esa forma, añade el fiscal, "se colocó deliberadamente en una situación de urgencia a fin de conseguir habilitación para la adjudicación directa de la recogida de residuos a favor de la empresa Excavaciones, Transportes y Aridos Hermanos Alum, entidad esta con la que ya habían existido contactos previamente y se había pactado extraoficialmente la adjudicación del servicio".

El 29 de septiembre de 2011, el pleno de Santa Susanna aprobó el pliego de condiciones del contrato de gestión provisional a la empresa citada, "a propuesta del alcalde denunciado, quien actuaba a sabiendas de la contrariedad a legalidad de su actuación y con claro ánimo de beneficiar" a los administradores de Excavaciones Arum, según el fiscal.

El 4 de octubre de 2011, se formalizó el contrato de prestación del servicio con dicha Excavaciones Arum, en el que constaba que el mismo no podría prorrogarse más allá de septiembre de 2012, pero el pleno del consistorio aprobó finalmente prolongar el acuerdo con la empresa, incluso "otorgándole nuevos derechos", mantiene el fiscal.

El ministerio público acusa también al alcalde de haber acordado con los administradores de la mencionada empresa la construcción de un centro de gestión de residuos para evitar desplazamientos diarios al vertedero ubicado en Mataró (Barcelona), prometiéndoles que el ayuntamiento promovería la recalificación de terrenos necesaria.

De hecho, en octubre de 2012 el alcalde propuso al pleno la modificación del plan urbanístico local para recalificar la parcela que debía acoger la planta de transferencia de residuos, lo que la corporación municipal aprobó en un principio, aunque finalmente el proyecto quedó abortado por un informe desfavorable de la Comisión Territorial de Urbanismo.

Campolier, que ganó las últimas elecciones municipales por mayoría absoluta, fue condenado a ocho años de inhabilitación por adjudicar en 1992 el proyecto de construcción de un pabellón deportivo para al arquitecto municipal porque era amigo suyo. Tras una petición de indulto, el Consejo de Ministros acordó, a propuesta del exministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar (PSOE), conmutarle la pena por otra de cuatro años de inhabilitación especial.